Este año 2010 va a tener un final en buena medida inédito para un país occidental con gobierno socialista al frente de la gestión pública del Estado. El gobierno del presidente Zapatero se despide del año anunciando la privatización de la gestión de los aeropuertos, Aena, y de las entrañables y seculares loterías y apuestas del Estado, solicitando además informes al Consejo Consultivo de Privatizaciones para proceder a la privatización de la gestión de diversos sectores hasta ahora controlados por empresas públicas, relacionados con el ferrocarril y el urbanismo.

Un cambio radical para un gobierno socialista que inició su mandato en 2004 anunciando un programa pretendidamente progresista en su reivindicación de programas y leyes sociales de corte igualitario, alejado de connotaciones liberales y conservadoras, y con un optimismo y fe en sí mismo propios de un programa político que pretendía marcar la diferencia entre el antes de un gobierno conservador, y el ahora y después de un gobierno de izquierdas adaptado utópicamente a la nueva sociedad y economía global del siglo XXI.

Lo curioso del caso es que en la compleja España de las autonomías, en comunidades como la valenciana, gestionada por un gobierno conservador desde hace varios periodos electorales, y con una débil oposición socialista, el oficial y mediático estímulo a las iniciativas empresariales privadas, ha estado acompañado por la presencia expansiva de empresas públicas tanto en el gobierno autonómico como en muchos gobiernos municipales. Es como si el mundo funcionara al revés, con un equipo socialista al frente del Gobierno central liderando la progresiva liberalización de la economía ante el inevitable y poderoso acoso de los mercados internacionales, y equipos políticos conservadores al frente de algunas comunidades autónomas, como en el caso valenciano, que en su realidad de gestión cotidiana, han dejado que vaya creciendo una Administración autonómica y municipal a la que también se le podría calificar de obesidad mórbida, como señalaba hace poco el nuevo presidente de la CEOE, refiriéndose al imparable crecimiento de los asalariados en el sector público y denunciando a unos gobernantes que tienen la «propensión de sustituir el Estado del Bienestar por el bienestar del Estado».

El nuevo año 2011 va a ser el momento de poner en valor lo que una y otra vez nos enseñan las crisis económicas y su recuperación más o menos airosa. El éxito o fracaso de las economías nacionales, el mayor o menor crecimiento económico y, lo que más importa, la creación de empleo estable y sostenible depende ante todo y sobre todo de la consolidación de empresas privadas rentables. Bien están las políticas públicas de estímulo económico, los planes de más confianza y otras medidas más o menos originales y oportunas, pero si no crece la economía real y su productividad, malamente se pueden superar las crisis. Bien estará que PSOE y PP, o PP y PSOE, según el orden que toque en la Administración central y en cada una de las administraciones autonómicas, busquen consensos privatizadores siempre que se hagan en el marco de políticas económicas que reduzcan rápidamente y con efectividad, la deuda y los déficits públicos en cada uno de los niveles de la administración pública. Pues no existe otro camino si se quiere curar la obesidad mórbida de la política pública y partitocrática, y que recupere hasta alcanzar su peso adecuado la sociedad civil.