Simultáneamente a las declaraciones de Fabra en la supuesta inauguración de un aeropuerto, que producirían hilaridad si no nos costaran tanto a los valencianos, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) daba un mensaje mucho mas comprensible: hay que exigir que la acción de la Generalitat Valenciana (GV) se centre en la economía, la generación de empleo, la mejora del modelo educativo y la reducción del endeudamiento a través del ajuste de los presupuestos a los ingresos reales. En otras palabras «austeridad frente a despilfarro». De lo contrario, la Comunitat Valenciana (CV) podría llegar a la bancarrota.

El impacto que el desarrollo de la actual crisis tiene sobre la CV evoluciona de forma preocupante, tanto cuantitativa, como cualitativamente. Con los últimos datos conocidos, estamos en la cola de las comunidades autónomas (CC AA): el numero de parados registrados es un 10% superior a la media del Estado; tras las desmoralizadoras cifras de los dos últimos años, hemos cerrado el 2010 reduciendo nuestro PIB en mas del 0,6%, frente a una media estatal de sólo un 0,1%; y la deuda de la GV y empresas adyacentes, a tenor de nuestro PIB, sigue siendo la mas alta de todas las CC AA.

Junto a estos datos concretos, responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística o del Banco de España, están otras cantidades que sólo pueden ser objeto de estimación, en lo que se llama deuda oculta, o más familiarmente facturas en los cajones. Aquí hay que recurrir a datos inevitablemente no actualizados (informe de la Sindicatura de Comptes) o a la tarea de periodistas tan profesionales, como bien informados. Ambas fuentes, nos sitúan en primera línea de riesgo, pues todo indica que el total de estas facturas no pagadas, al cierre del año ya había superado los 2.000 millones de euros, algo con efectos ya muy tangibles sobre las empresas acreedoras, que antaño presumían del cliente GV y que ahora ven cómo las conduce al cierre.

Mientras vamos bajando peldaños en las clasificaciones relacionadas con las regiones europeas y españolas, los aspectos cualitativos que emanan de la de la sociedad valenciana y de su clase política son incluso más desalentadores. No soy sociólogo, pero los que saben, hablan de una falta de autoridad moral de nuestras autoridades autonómicas que las incapacita, a pesar de su indiscutible legitimidad para hacerlo, para saber y poder describir la situación real a la ciudadanía y, con ello, intentar afrontar el proceso de empobrecimiento que sufrimos. En este punto, surge la duda acerca del papel que la corrupción puede jugar como carga que nos impida reaccionar colectivamente. La sucesión de noticias diarias hace que el ciudadano se pregunte cosas tan duras como: ¿cuánto y dónde está el dinero público que ha malversado?, ¿por qué la GV oculta tantos contratos públicos?, ¿quién amparó a la trama Gürtel para que obtuviera trato de favor de tantos organismos y empresas dependientes de la GV?, ¿qué pasó con Calatrava y con la visita del Papa?

Razones de corrección política, hacen que estas cuestiones no aparezcan en el informe de AVE, pero con independencia del voto de cada uno, a la ciudadanía se le pone la piel de gallina ante la falta de respuestas. En este aspecto cualitativo relacionado con la falta de autoridad moral que se detecta en la sociedad civil valenciana, hay un segundo punto que tiene que ver con temas muy básicos para el devenir racional de una sociedad democrática, referidos a los medios de comunicación. Es un tema que ha saltado esta semana, con motivo de la imputación de Ángel Luna, quien, creo que con razón, se ha quejado de la forma como le han tratado algunos en asuntos que tienen que ver con investigar lo que se ha hecho con el dinero de los valencianos. Escribía el diputado: «Será la cartera después de haber vendido la conciencia. Esa es la transacción comercial que más empobrece a una sociedad, sin que acostumbre a servir, a largo plazo, al que la protagoniza…, las preguntas se harán una y otra vez y se buscarán papeles donde se encuentren y se enseñarán y se volverá a avergonzar al que oculta, al que manda y oculta pero no da la cara, porque esta sociedad sabe del valor de la democracia y no se la va a dejar arrebatar fácilmente. Ni por los que manejan los presupuestos, ni por los que manejan los teclados». Una reflexión con la que uno se solidariza, por lo que encierra de síntoma de una sociedad civil que puede estar incluso en peor estado ético que el que muestran las cifras de la contabilidad de la GV.

Es el momento de recordar que en otras CC AA, también con grandes dificultades financieras, como es el caso de Cataluña, parecen dispuestos a encarar la situación. El mismo viernes en que AVE se posicionaba, las fuerzas políticas, sindicales y políticas catalanas vivían un duro debate sobre las 47 páginas del informe elaborado días antes por quince expertos en el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (Carec) creado por el president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Con independencia de los acuerdos y desacuerdos que cada uno tenga acerca de lo allí propuesto, produce envidia que el debate esté abierto en ámbitos muy amplios. Desgraciadamente, aquí hemos de conformarnos con el análisis de AVE, cuyas conclusiones son muy parecidas a la de Carec, aunque en el caso de la CV, AVE tenga que empezar con una propuestas obligadas, de cara a las elecciones autonómicas del 22 de mayo: los políticos deben rebajar el nivel de crispación en la CV, a lo que uno añade, si es condición imprescindible para ello, que ninguno de los políticos y candidatos venga lastrado por practicas corruptas.

Con la crisis encima, la exigencia de AVE de que los gobernantes de la CV adopten medidas valientes aunque sean impopulares, es mas que racional. Empresarios, trabajadores, funcionarios y políticos deben trabajar mejor y más en busca de la eficiencia, la productividad y la innovación. Ha llegado el momento de discutir cómo reducir la deuda, y ello supone o bien gestionar eficiente las empresas públicas ó eliminarlas o privatizarlas. Leídos los dos documentos, el de AVE y el de Carec con sus grandes similitudes, la gran diferencia (las diputaciones ya están desapareciendo en Cataluña) está en el origen y la génesis de cada uno de ellos. Cosas de sociedad civil. En ambas CC AA, el debate y la consiguiente toma de decisiones es más que urgente.