La ciudadanía tiene que hablar de presunto déficit tarifario (sí, presunto, porque no está nada claro que sea real) y hay que revisar con lupa y gran detalle las cuentas que las eléctricas han echado sobre su cantidad (según ellas, en 2011 el déficit tarifario acumulado es ya de unos 22.850 millones de euros).

Hemos de recordar que el Gobierno del Partido Popular, con Josep Piqué como ministro de Industria, creó en 1997 una partida de costes que se incluyó en la tarifa eléctrica de venta con el fin de dar estabilidad financiera a estas grandes corporaciones y resarcirlas de las posibles pérdidas que generarían las centrales eléctricas construidas antes de dicho año. Los costes de transición a la competencia (CTC) permitirían amortizar completamente todas las inversiones realizadas, estableciéndose un pago máximo total de 8.600 millones de euros. Pero lejos de bajar, los precios de mercado se incrementaron. Esto llevó al Gobierno socialista a cancelar anticipadamente en 2006 esta medida, con un importe total pagado por este concepto cercano a los 12.000 millones de euros, muy por encima del máximo estipulado. El negocio fue redondo para las eléctricas, amortizaron aceleradamente todos estos activos y además se beneficiaron de un superávit que incomprensiblemente jamás nos fue restituido a los consumidores. Mientras todo esto acontecía, lo que erróneamente se viene denominando déficit tarifario seguía creciendo y creciendo, de tal forma que las compañías eléctricas lo han utilizado con fuerza para presionar al Gobierno de turno, beneficiándose de favores en forma, por ejemplo, de concesiones de prórrogas de explotación de centrales hidroeléctricas y nucleares. Estas instalaciones, que están completamente amortizadas de forma acelerada con el importe recaudado por los CTC, se han convertido en el negocio del siglo.

Los consumidores demandamos electricidad de un sistema que no la acumula. Las primeras tecnologías en entrar en el pool (mercado mayorista donde se venden y compran los kilovatios producidos) son la nuclear e hidroeléctrica, que no se pueden parar, y las renovables por ley. En la mayoría de los casos, la producción de estas centrales no alcanza a cubrir íntegramente la demanda y se completa la oferta con electricidad proveniente de centrales basadas en otras tecnologías de generación, priorizando las más asequibles. Y es el último kilovatio vendido el que fija el precio de venta en el mercado mayorista para toda la electricidad comercializada. Es decir, la electricidad hidráulica y nuclear, cuyos costes fueron reducidos artificialmente con los CTC, se está vendiendo a precios de la generada, por ejemplo, con gas natural.

Nos han inculcado que «hay que pagar por la electricidad lo que realmente cuesta» y que «las energías renovables disparan su precio», todo ello para justificar incesantes subidas de la luz. Comparto la primera afirmación, pero una correcta estimación de los costes de generación implica necesariamente un rediseño del mercado eléctrico, puesto que en la actualidad la subida de tarifas perjudica enormemente a los consumidores, genera beneficios sobrevenidos a las eléctricas y no refleja el auténtico precio que tendría este bien en un mercado competitivo.