La matanza de Oslo ha resucitado todos los miedos sobre los partidos de extrema derecha en la Unión Europea. Primero, la Comisaría de Interior de la Unión, Cecilia Malmström, manifestó — cinco días después de la masacre— la importancia de trabajar con medidas preventivas para impedir que la gente «con ideologías extremas pase de las palabras a los hechos». Posteriormente, Malmström anunciaba que los ministros de Interior de los Veintisiete analizarán en septiembre la «radicalización y la xenofobia».
En España, la Estrategia de Seguridad presentada por Javier Solana el pasado mes de junio advertía en apenas seis líneas la necesidad de luchar contra cualquier forma de intolerancia, racismo y xenofobia y favorecer el diálogo con las confesiones religiosas de las poblaciones inmigrantes, sobre todo con el Islam.
La tragedia acaecida en Oslo y en la isla de Utoya puede transformarse en una oportunidad excepcional para resucitar la política tolerante y empática, pero a la que se le exige profundas reformas y mucha más transparencia. O incluso lograr «más democracia, más apertura y más humanidad» como ha señalado el jefe del gobierno noruego, Jens Stoltenberg. En septiembre, este país nórdico celebra elecciones municipales y las encuestas vaticinan que tras la tragedia, el Partido Laborista arrasará al considerar estos hechos como una especie de 11-S para los norteamericanos, un 7-J para los británicos o un 11-M para los españoles.
Ahora el discurso del odio de la nueva extrema derecha hace temblar en Europa los cimientos del Estado de Bienestar atribuyendo su decadencia y la de todo el sistema a la actual clase política por permitir la expansión del Islam y la «práctica del multiculturalismo». Un modelo que sin duda, durante décadas, ha sido el paradigma más adecuado para conjugar la libertad y la igualdad. Sin embargo, en este momento culpa a los inmigrantes de abusar de «los servicios sociales que tanto nos han costado a los auténticos europeos». Se trata de argumentos populistas que han comprado votantes de toda Europa al Frente Nacional francés, al FPÖ en Austria, el Vlaams Blok en Bélgica y más recientemente al partido de los Auténticos Finlandeses.
El 20-N, los ciudadanos de este país tenemos la oportunidad de realizar un importante ejercicio de responsabilidad rechazando las opciones populistas y xenófobas que forman parte del sistema democrático. Partidos políticos que ya han amenazado a los inmigrantes con limitar derechos básicos como la sanidad o la educación o incluso restringir su acceso al empadronamiento. Lemas como «los de casa primero no cabe ni un solo inmigrante más, ni cívico ni incívico, ni legal ni ilegal», o hay que «reaccionar», «cortar las alas a los que no se adaptan» y «presionarlos para que se vayan» los escucharemos en los próximos meses a través de Plataforma per Catalunya, España 2000 o Democracia Nacional, entre otras formaciones. El racismo y la xenofobia se han convertido en la ideología de esta nueva extrema derecha que ha logrado emanciparse de su pasado franquista y nacional-católico. Estamos a tiempo de pararles los pies. Su objetivo son las elecciones europeas el 2013, pero los demócratas tenemos otro: que el próximo 20-N interrumpa su crecimiento estatal. ¡No pasarán!
