Un estudio del Instituto de Economía de Barcelona viene a certificar la denuncia formulada reiteradamente por los responsables políticos valencianos y por los expertos comisionados por las Corts: el actual sistema de financiación autonómica perjudica especialmente a la Comunitat Valenciana, que junto con Murcia es la autonomía más «castigada» por el modelo aprobado en el año 2009. Según la catedrática de Hacienda Pública Núria Bosch, el cambio de modelo no ha conseguido su principal objetivo de un reparto «justo e igualitario» de los recursos entre las diferentes comunidades autónomas. El primer ejercicio de su aplicación fue 2011, y en el balance correspondiente a los cinco primeros meses, las finanzas valencianas ya habían perdido 200 millones de euros respecto a los ingresos registrados el ejercicio anterior.
La discriminación financiera ha sido uno de los principales argumentos de la Generalitat en su disputa política con el gobierno central mientras éste estaba dirigido por el PSOE. Ahora, la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa revelará si el problema es solucionable sólo con el cambio de color político del Ejecutivo o, por el contrario, responde a otros factores. En teoría, la sintonía política entre ambas administraciones debe facilitar una solución. Sin embargo, los problemas de liquidez provocados por la crisis auguran dificultades que sólo una fuerte apuesta política parece capaz de superar. Se trata de la auténtica «prueba del algodón» sobre las verdaderas relaciones entre los responsables de la Comunitat Valenciana y los del nuevo Gobierno, también en manos del PP.
