El Consell se dispone a aprobar hoy un radical paquete de medidas con el que pretende recortar en mil millones de euros los gastos de la Administración autonómica. Finalmente, el Ejecutivo que preside Alberto Fabra, tras seis meses de incomprensible parálisis, ha optado por un ambicioso plan de reducción del sector público. La consigna partidista de evitar acciones que pudieran obstaculizar la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa frenó la adopción de medidas que han acabado imponiéndose tras situarse la Generalitat, literalmente, al borde del abismo ante las dificultades surgidas para renovar los bonos patrióticos y el retraso en el pago de un vencimiento bancario que ha tenido que ser salvado in extremis con la ayuda del Gobierno central.
Casi una tercera parte del esfuerzo del recorte recaerá de nuevo sobre las espaldas de los empleados públicos, que sufrirán una rebaja real de salarios por valor de 270 millones de euros, con especial incidencia en los trabajadores de sanidad y educación. Se trata de una medida, no por esperada menos impactante, de imprevisible efecto sobre el resto de la economía al provocar un retraimiento en el consumo y en la capacidad de ahorro de miles de familias.
El retraso en la adopción de medidas inevitables puede haber agravado o no su calado, pero, desde luego, ha perjudicado la imagen de la Comunitat Valenciana en los mercados internacionales. Si ya se apreciaban hasta ahora serias dificultades para conseguir financiación, la sensación de parálisis ha cerrado aún más los grifos.
