Una de las decisiones adoptadas por el Consell para recortar gastos es excluir del plan de choque concertado con clínicas privadas las intervenciones quirúrgicas de cataratas. A cambio, los responsables de Sanidad pretenden que los hospitales públicos aumenten este tipo de operaciones, donde, además, resultan más económicas. Sin embargo, para ello no están dispuestos a reforzar el número de oftalmólogos que debe asumir esa carga de trabajo, como reclaman los profesionales, y sólo contemplan el pago de las horas extras que sea necesario emplear. Del mismo modo, para reducir las listas de espera, preparan un endurecimiento de las condiciones necesarias para pasar por los quirófanos públicos. Esta decisión deja varias preguntas en el aire. Entre ellas, por qué se derivaban hasta ahora estas intervenciones médicas a las clínicas privadas si en realidad podía asumirlas la red pública a menor coste.
Es obvio que el Consell no quiere poner en riesgo la salud de los ciudadanos. Sólo pretende ahorrar y armonizar el trabajo de los hospitales. Pero merece subrayarse que estamos ante una dolencia de amplio impacto —más de 27.486 pacientes llevan tres meses en lista de espera— que puede desencadenar la ceguera absoluta. Por tanto, el conseller Luis Rosado y su equipo deben explicar bien las razones y, sobre todo, calibrar las consecuencias de sus decisiones. Los recortes empiezan a afectar a áreas especialmente sensibles para el bienestar de la población. Cualquier precaución es poca.
