Las medidas han llegado. El president Alberto Fabra y su Gobierno se han arremangado y han tomado ante la exigencia de la coyuntura las decisiones impopulares e inevitables. El Consell ha fijado unas prioridades en forma de líneas rojas no traspasables en favor de la garantía de lo fundamental y a partir de aquí ha operado. Lo ha hecho asumiendo mediante una corresponsabilidad del sueldo de sus miembros en función del déficit, siendo a mi juicio ésta una medida ejemplar en la que se disminuye la retribución de los altos cargos si se incrementan los números rojos.

Las prioridades han sido claras: mantener el estado social en gran medida soportado por la Generalitat, garantizando sanidad, educación y bienestar social. Y hacerlo para que funcione al mismo nivel de servicio a los ciudadanos que hasta ahora, sin que se cierre ninguna de las infraestructuras existentes y además evitando despidos masivos y asegurando el trabajo de los funcionarios. Sin duda alguna, los ajustes resultan duros para éstos y sus familias y creo que es oportuno y necesario que esta realidad sea patente. Y que se ponga en valor el esfuerzo que van a realizar, que va a servir para el mantenimiento del sistema y para que no se produzcan despidos masivos en la Administración.

A este Govern le ha tocado bailar con la más fea; se ha encontrado una situación económica difícil en la que los ingresos que recauda han disminuido, a consecuencia de la recesión económica a causa de la falta de decisiones que desde el Gobierno central no se tomaron en su momento. Y que además se ha visto agravada por el maltrato que en materia de financiación hemos sufrido los valencianos históricamente y singularmente en los años de gobierno de Rodríguez Zapatero. Es momento, tal como anunció el vicepresidente José Ciscar en este diario, de revisar el sistema de financiación en orden a que se nos sufrague como en justicia nos corresponde en función de lo que aportamos a la caja común del Estado y en atención a nuestro número de habitantes y, en consecuencia, al peso real demográfico de los servicios que se tienen que prestar.

Así como de defender los intereses valencianos allá donde haga falta, como, por ejemplo, en materia de agricultura ante la Unión Europea. Se trata de una situación excepcional la que vivimos en los treinta años de autonomía de nuestra nacionalidad histórica. El momento exige priorizar en defensa de lo básico, exige afrontar la realidad tal como se presenta y así poder generar desde el esfuerzo y el sacrificio la base de la confianza y la recuperación. El president Fabra ha dado el primer paso, un paso duro y honesto a favor del aseguramiento y viabilidad de nuestra autonomía, de nuestra protección social, un paso desde la seriedad en dirección a la salida de la crisis.