In dubio pro reo

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Juan Ramón Gil

Cinco miembros del jurado popular constituido en el Tribunal Superior de Justicia para dirimir si el expresident de la Generalitat, Francisco Camps,y el que fuera su mano derecha y exsecretario general del PP, Ricardo Costa, incurrieron en cohecho impropio al recibir regalos de la trama corrupta conocida como «Gürtel», han considerado finalmente que no ha sido probada la comisión de tal delito. Cuatro han opinado lo contrario. El sistema jurídico español establece que el veredicto de no culpabilidad se alcance por mayoría absoluta de los miembros del jurado (cinco votos sobre nueve) y el de culpabilidad exija la convicción de más de dos tercios del mismo (siete de nueve). En caso de duda, el reo debe ser absuelto, como reza el principio más elemental del Estado de Derecho. A eso jugó principalmente el abogado de Camps, Javier Boix, que ha vuelto a demostrar que tanto su prestigio como defensor penal como los emolumentos que cobra están justificados: a sembrar la duda.
Camps y Costa son, pues, judicialmente no culpables. Y es una resolución que, al margen de los recursos que a buen seguro se interpondrán, es tan válida y respetable como hubiera sido la contraria, entre otras cosas porque España no es una República bananera y el jurado ha podido actuar en conciencia y sin más presión que la del medio ambiente, siempre imposible de evitar totalmente. Pero hay que poner de relieve que el juicio también ha evidenciado lagunas y paradojas del sistema español. Como que los receptores de los regalos acudieran como imputados mientras los que hacían esos regalos (Correa o El Bigotes) declaraban como meros testigos y encima no contestaban a las preguntas de la acusación para no autoinculparse. O que de los cuatro acusados inicialmente, dos estén sentenciados por los mismos hechos por los que otros dos han sido absueltos. Y los sentenciados no son unos cualquieras: uno era alto cargo de la Administración de Camps, Rafael Betoret, y otro uno de sus vicepresidentes en el Consell, Víctor Campos. Ambos admitieron ser culpables. La mayoría del jurado ha dicho ahora que, sin embargo, Camps y Costa no lo son.
Pero que no haya condena judicial no exime de la responsabilidad política, como una y otra vez se ha escrito en estas páginas. Camps mantuvo una relación indeseable con una red acusada de gravísimos delitos de corrupción en distintos tribunales. Mintió al negar que conociera a alguno de los responsables de esa trama, como ha quedado claro en las grabaciones. En tiempos de cajeros automáticos, contabilidades informáticas y visas, no ha podido aportar ni un solo papel, ni un mínino extracto ni un mísero estadillo que indique que pagó alguno de los trajes, como proclamó bajo el hermoso artesonado del Palau. Y los tribunales tienen todavía que sustanciar si quienes tan amigos eran de él y de Costa financiaron ilegalmente al PP y se lucraron con contratos de la Generalitat a los que no tenían derecho.
Que Camps saliera el miércoles reconfortado es humano. Pero Camps no es ni su partido ni la Generalitat. El PP puede celebrar este veredicto, pero se equivocará si trata ahora de convertirlo en un triunfo y a Camps en un mártir, igual que errará el expresidente si pretende aprovecharlo para enmarañar más un escenario ya de por sí dramático, en el que los empobrecidos ciudadanos demandan soluciones a una quiebra de la que en buena medida él ha sido responsable. Conviene que nadie olvide que la misma duda que judicialmente obliga a absolverlo, políticamente hace tiempo que lo condenó.

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