En momentos muy críticos, toda colectividad que pretenda regirse por principios democráticos necesita conocer la verdad sobre los presupuestos que soportan el gran acto de solidaridad cotidiana de convivir compartiendo, respetando una reglas básicas, y tener una cierta confianza en sus dirigentes que deben tomar decisiones que afectan a la forma de vivir y morir de la ciudadanía. Para ambos requisitos, la semana que acabamos de pasar ha sido devastadora en la Comunitat Valenciana (CV). Desgraciadamente, más allá de la crisis que arrastran España y la UE, la Generalitat (GV) está haciendo agua, tanto en lo que respecta al balance de sus presupuestos, como a la autoridad moral tan imprescindible en el oficio de gobernar y convencer.

Hablar de números y datos es más sencillo y menos arriesgado que hacerlo de aquello que tiene que ver con la conducta humana. Empezando por lo más difícil, recalcar que en el PP valenciano no está siendo coherente, ni con el análisis ni con la petición que Rajoy enunciaba desde Roma («este año va ser difícil para España, es bueno que todos seamos conscientes») en un intento de ejercer una autoridad moral que puede superar aquella que otorgan los votos («el resultado de las reformas no se verá en el corto plazo, pero a los que tengan dudas hay que decirles que estamos poniendo las bases para el futuro»). Desgraciadamente, demasiados afiliados del PP de la CV no están a la altura que Rajoy reclama. Empezamos la semana viviendo otro tipo de autoridad, en forma de incapacidad de la delegada del Gobierno para gestionar las protestas de los más jóvenes y la terminamos como testigos avergonzados de la presunta descalificación moral de la GV que en el epígrafe de la ayuda al tercer mundo puede haber camuflado operaciones muy dudosas.

Los datos económicos de la semana no son mejores que los referidos a la ética pública. La GV, y con ella sus presupuestos de educación, sanidad y políticas sociales, sigue intervenida por el Gobierno del Estado que ante la incapacidad del Consell para saber manejar la situación, ha tenido que tomar esta responsabilidad. Cuando todo el mundo esperaba que en muy pocos días los acreedores de la GV se iban a beneficiar de unos créditos dados por el sistema bancario español, el Consejo de Ministros dio una ducha de agua fría y dijo que habría que esperar unas semanas más.

Las razones son muy poderosas. Las partidas del ICO que le podrían corresponder a la GV deben dedicarse a los vencimientos de deuda pública que van a darse en muy pocas semanas y, en consecuencia, aquellos acreedores de la GV por productos y servicios tienen que esperar a negociaciones del Gobierno central con los bancos privados. Éstos no parecen estar en condiciones de afrontar de forma inmediata las deudas de ayuntamientos y de la GV, en el bien entendido que no somos la única región con administraciones públicas al borde de la quiebra. ¿Cuántos caerán hasta que Madrid pueda ayudar a la GV? Como parece que los responsables de la GV son incapaces de transmitir la dura realidad que aguarda a los valencianos, vamos a intentar dibujarla, con la esperanza de que no se ejecute al mensajero.

Los presupuestos públicos son una herramienta colectiva para saber lo que se espera recaudar, al objeto de tratar de no gastar mucho más, ya que entonces se depende demasiado de alguien que nos preste un dinero, que deberemos devolver algún día, o que dejemos de pagar a los que nos venden bienes y servicios. La GV es incapaz de reconocer que han sido demasiados años de gastar más de lo que se presupuestaba y que ahora nadie quiera prestarnos dinero alguno, mientras que va siendo muy complicado pagar aquella deuda emitida hace años, y que ahora vence.

Perdone el lector los números, pero lo conocido esta pasada semana sobre la deuda sanitaria de la GV merece un cierto detalle. El montante de los seis presupuestos de la Conselleria de Sanidad que van desde 2007 hasta 2012, aprobados en diciembre, en millones de euros, son: 5.090; 5.456; 5660; 5.720; 5.515 y 5.472. Si éstos se dividen por los ciudadanos de la CV en cada año, el gasto por persona que resulta es: 1.081; 1.123; 1.150; 1.159; 1.114 y 1.071 euros. Como se observa, son dos sucesiones numéricas que siguen la cadencia de la crisis y para que la cosa de lo mal tratados que estamos los valencianos no le haga perder demasiado tiempo, señalar que nuestros citados 1.071 euros de 2012, no son mucho menores que los 1.171 de Cataluña o los 1.103 de Madrid de este mismo año. Aunque ello no fuera ningún delito, cuando la autoridad moral de la GV empezó a desgastarse fue en los muchos años en los que los presupuestos dejaron de cumplirse de forma irresponsable, con el recurso a la deuda ejercido de forma constante.

Pero llegó la crisis y hace más de dos años dejó de ser posible colocar la deuda de la GV y como hemos dicho, sin reconocer el problema, la GV dejó de pagar facturas. Valga un dato actualizado (a 31 de diciembre de 2011): la GV debía a proveedores de fármacos hospitalarios y tecnologías sanitarias 2.266 millones de euros (443 euros por habitante). Alguien puede pensar que ésta es una deuda que se ha generado a lo largo de mucho tiempo, pero conviene saber que es un proceso impulsado en los últimos meses, ya que el 55% de esta deuda se ha generado en 2011. El colapso ha llegado, ya que cada valenciano sólo en estos dos capítulos habría gastado en el año más del 20% de lo presupuestado. Es la quiebra del sistema sanitario público y hay que reaccionar.

Aunque el viernes la GV presumía de haber ahorrado 740 millones de euros en 2011, lo cierto es que su déficit de financiación fue de 1.543 millones (¡cuatro veces más que en 2010!). La GV ha visto cómo sus ingresos en 2011 caían de forma pavorosa y los ahorros poco podían hacer para contrarrestarlos. Ingresamos 10.773 millones de euros (una caída de 969 millones de euros respecto a 2010) en un ejercicio en el que los gastos no financieros fueron de 14.061 millones.

Posiblemente, como colectivo, los valencianos estemos algo más que desmoralizados. La falta de autoestima es una enfermedad que hay que superar, pues ni siquiera es un mecanismo que conmueva a nadie, como se constata cuando la UE ha decidido imponer soluciones a la griega a aquellas regiones que están en bancarrota. Un mero instinto de supervivencia colectiva indica que a los valencianos nos ha llegado el momento de pensar urgentemente en medidas que hagan que lo que nos aguarda no sea muchísimo mas duro que lo que ya estamos viviendo.

Ha llegado el momento de tomar decisiones calmadas pero radicales. Con otros problemas muy agudos, en el postfranquismo los españoles dieron una respuesta que conocemos como los pactos de La Moncloa. Hoy los valencianos necesitan de forma imprescindible lo que hemos venido llamando los Pactos del Palau. Pero nada de ello es posible sin una determinada autoridad moral. Los casos Gürtel, Emarsa, Blasco, etcétera son incompatibles con la posibilidad de pedir sacrificios a los habitantes de la CV.

Mejorar los presupuestos va a ser muy difícil, pero no menos que conseguir una cierta recapitalización ética en la CV. Ahora todo queda en manos de la capacidad de Fabra para reconocer la situación, en la honradez del PP, en dejar que los jueces hagan su trabajo y en la capacidad intelectual y política que exista para generar, entre todos, unos Pactos del Palau que den alguna esperanza.