Acaba de editarse el anuario 2011 sobre el «Estado de la Sostenibilidad en España», que elabora el Observatorio Español de la Sostenibilidad. En otras ocasiones hemos hecho alusión a esta publicación que, con extraordinario rigor, nos pone al día, con datos actualizados y un sistema eficaz de indicadores, de la calidad ambiental y territorial que registran las diferentes acciones y actividades económicas que se desarrollan en nuestro país. Quiero traer hoy, aquí, los datos relativos a la distribución de agua potable en las ciudades españolas. Pues bien, en 2009 –último año de la serie de análisis– la cantidad de agua suministrada a la red de abastecimiento público se situó en 4.709 hectómetros cúbicos. Y la cifra sangrante que recoge el anuario: de este valor total, casi 800 hectómetros cúbicos se siguen perdiendo en la red de distribución cada año (fugas, roturas, averías). Es un volumen de agua equivalente a casi un trasvase. Cuando estamos en los prolegómenos de una secuencia seca que puede durar varios años. Cuando, pese a las advertencias, seguimos sin tener solucionado la cuestión del agua en nuestro país. Cuando la coyuntura de crisis económica no parece el mejor escenario para plantear las típicas actuaciones infraestructurales de emergencia que intentan justificar al político, en detrimento del territorio y de sus ciudadanos. Cuando todo esto ocurre, el hecho de comprobar que en nuestro país se sigue «perdiendo» agua en las ciudades –también en el campo– es un lujo inadmisible. Y aún más: ahora que el Gobierno central nos ha dado un plazo para presentar propuestas que completen el anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno, una medida que debería incluir este texto –dado el valor económico que tiene el agua en nuestro país–, es la inhabilitación para la política de todo alcalde o alcaldesa cuya ciudad registre pérdidas en la red de agua potable superiores al 10 % del agua distribuida. Y dentro de unos años esta exigencia debería rebajarse al 5 %. Esto sería un excelente indicador de buen gobierno del territorio y de respeto a sus recursos naturales.