La contaminación ambiental es un problema de magnitud y los casos más graves no siempre suceden de forma brusca. Cuando así ocurre, existen mecanismos para que, detectado el foco emisor, se determinen autorías, se adopten medidas correctivas y se exijan responsabilidades gracias a una prolífica legislación aplicada a regañadientes con demasiada frecuencia.

Sin embargo, algunas de las contaminaciones más inquietantes de hoy en día tienen naturaleza difusa, es decir, sin autor conocido ni foco emisor localizado a pesar de que los daños son efectivos y cuantificables en sus magnitudes ecológica y económica. Esta indeterminación facilita la impunidad. El caso más reciente ha dejado sin agua potable a decenas de miles de personas y está transcurriendo no en lugares remotos de países subdesarrollados sino en la Ribera del Xúquer, una de las comarcas valencianas más prósperas donde la agricultura tradicional sostenible convivió durante siglos en equilibrio con el medio natural y en la que apenas hace cuatro décadas se podía beber de los pozos y acequias que surcaban sus campos. Pero desde hace unos meses, las aguas de los pozos de poblaciones como Alzira, Carcaixent, Corbera o Llaurí están envenenadas por herbicidas y desde hace más tiempo por exceso de nitratos.

La imagen del agua potable surgiendo del grifo es inseparable de la idea de progreso y bienestar humano en su sentido más básico. Ahora, este icono se tambalea sustituido por el frenético acarreo de garrafas y botellas que, además de gravar las economías familiares por pagar dos veces por lo mismo, contribuye a la proliferación masiva de envases contaminantes costosos de reciclar y al trasiego de transportes con sus respectivas emisiones de gases nocivos.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? El acuífero afectado con herbicidas es el denominado Serra de les Agulles, el número 31 del catálogo de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es deficitario, es decir, se extrae más agua de la que recarga la lluvia, según reconoce la propia Confederación, y abarca un territorio muy permeable por su naturaleza cárstica que comprende, entre otros, el macizo de la Serra de les Agulles y los montes que conforman los valles de La Murta, la Casella, Aigües Vives y la Valldigna. Buena parte de las laderas de estas sierras e incluso zonas forestales planas han sido roturadas y convertidas en plantaciones de frutales -y algún que otro campo de golf„ creciendo sobre delgadas capas de tierra mediante el riego por goteo, a base de una intensiva fertilización y de la metódica eliminación química de hierbas competidoras. De este modo, gota a gota, año tras año, los nitratos y herbicidas se han integrado en el suelo. La infiltración del agua de lluvia se ha encargado de hacer el resto.

La evaluación del impacto ambiental materializa legalmente los principios de cautela y prevención, pero lo bien cierto es que las roturaciones de zonas forestales y los efectos secundarios de determinados productos químicos rara vez han sido sometidas en los términos que correspondería en orden a evitar riesgos en materia ambiental y salud humana. En las ocasiones en que la evaluación ambiental se ha efectuado, lo ha sido de forma chapucera y sin seguimiento posterior de los condicionantes más elementales. Lo prueban hechos como los descritos y la persistencia de proliferación de cultivos intensivos de regadío escalando laderas de nuestros montes. Y sin embargo, ahora nos topamos con poblaciones enteras sufriendo las consecuencias sin que se adopten medidas administrativas que pongan fin al problema desde su raíz: impedir nuevas roturaciones de superficies forestales y prohibir el uso de herbicidas o de cualquier otra sustancia contaminante en zonas sensibles de recarga de los acuíferos para preservar el derecho constitucional a la salud.

Los apologistas del desarrollo incondicional seguirán insistiendo en que el progreso es esto, que no hay que oponerse, que son servidumbres inevitables y que el agua puede transferirse de otros sitios. En el fondo, esta charlatanería ha sido una tradicional cortina de humo tras la que se esconde la proliferación de negocios privados a costa de crear nuevas necesidades públicas. No les importa que se ponga en riesgo la salud de las personas ni que los recursos de los que se apropian deberían satisfacer otros fines sociales.