Quita: «Acto jurídico mediante el cual un acreedor de otro decide renunciar, total o parcialmente a su derecho liberando del pago al deudor». Este es sustantivo frecuente, como tantas situaciones límites que vivimos. El pasado martes, con el apagón eléctrico del centro de Valencia como inquietante metáfora,
J. V. González presidente de nuestra patronal autonómica Cierval, en plena asamblea anual, recurrió al término maldito y encendió alarmas en la UE al saber que reclamaba a Montoro una quita de 11.000 millones por la financiación no recibida en los últimos diez años.
En Bruselas un funcionario de los pocos que no estaba de vacaciones y candidato a «hombre de negro« de la troika, en caso de que la situación financiera del Reino de España no se confirmará el próximo otoño, frunció el ceño y su rigurosa mente holandesa empezó a trabajar. Algo no casaba. Si la Generalidad Valenciana (GV) tiene que pedir una quita al Estado Central de 11.000 millones, significa que la GV (el deudor) debe al acreedor (Montoro para seguir con el titular) no menos de 20.000 millones, ya que una quita del 50 % ya es mucha quita y se pide que ésta sea de 11.000 millones. ¿Cómo puede deber la GV esta cantidad a la Hacienda central, cuando la deuda total que se adjudica al gobierno autonómico es de 29.000 millones? Él sabe que hace meses que el único que presta dinero a la GV es el Tesoro de España, pero también, que la deuda por distintas emisiones compradas por los mercados en su día, son mayores, que las recientes ayudas proporcionadas al Gobierno Central.
Las dudas surgieron solas: ¿Habría una nueva media verdad/mentira escondida en la cuentas de la GV, del tipo de las facturas en los cajones de los tiempos de Camps, que al final los valencianos han visto explotar en su nivel de vida? ¿Cómo es posible que los empresarios revindiquen cosas incompatibles con las cuentas que llegan a Bruselas? Las notas y la memoria del tal holandés dicen que el Tesoro español conseguía vender deuda en los mercados para luego pasarla a aquellas Comunidades Autónomas (CCAA) que no conseguían hacerlas por sí mismas.
El proceso de intermediación, iniciado en 2012, se hace a través de procedimientos extraordinarios, declarados y controlados por la UE, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o el Plan de Pago a Proveedores (PPP).
Como hizo nuestro funcionario si vamos a las últimas cifras conocidas (finales del primer trimestre de 2013) veremos que durante los doce meses anteriores, el denostado Estado español ha vehiculado a las CCAA mas ahogadas, entre ellas la nuestra, 46.192 millones de euros, algo así como más de cuatro veces el presupuesto de la GV, y a ésta no le ha ido mal pues le han tocado 7.467 millones, el 16.2 %, cuando nuestra economía no acaba de llegar al 10 % del PIB español.
Obviamente esta cantidad se registra en la deuda de la GV que al finalizar marzo registraba algo más de 29.000 millones de euros, de los cuales se debían al Gobierno central, según la contabilidad oficial, no más de 9.000 millones.
Es más que comprensible la alarma despertada en algunos despachos de la comisión al tener las primeras noticias sobre la quita exigida por el presidente de Cierval; si era cierto que la GV debía menos de nueve (miles de millones de euros) ¿cómo se podía pedir una quita de once? Cuentas inciertas, incompetencia, gesto enfático, etc. difícil saberlo.
En un acto de prudencia funcionarial, antes de subir la escala de la emergencia, alguien decidió recurrir a un contacto valenciano; en Bruselas no se suele hablar de amigos, sólo de conocidos. Afortunadamente en estos pagos ejercen periodistas cuidadosos como Jordi Cuenca de Levante-EMV y de su crónica podía deducirse que la quita a la que se refería el responsable de Cierval no parecía ser el acto jurídico que encierra la palabra, sino una licencia en términos más o menos políticos.
El holandés ya sabía que los empresarios de Valencia no son muy rigurosos a la hora de utilizar la terminología aceptada en el seno de la UE; la forma que éstos han tenido de revindicar el corredor mediterráneo siempre les ha parecido poco solvente, según las normas de Bruselas. Nuestro funcionario ya más tranquilo, aunque no menos perplejo, decidió desactivar alarmas.
Este relato no tiene por objeto pillar al Sr. González en una expresión poco afortunada, sólo insistir en la necesidad de ser cuidadosos y rigurosos en momentos complicados como los que vivimos. Aunque muchas empresas valencianas suspiren por la llegada de los fondos del PPP desde Madrid, éstas deben tomar decisiones solventes y no jugar a un pánico improductivo. Las cuentas de la GV son responsabilidad de los políticos democráticamente elegidos. En Valencia, a pesar de las limitaciones de muchos dirigentes, los empresarios deberían ser más cautos y entender que no se puede estar al mismo tiempo al frente de la manifestación y en la mesa donde se deciden las cosas que a todos nos afectan.
Aunque dé lugar a un titular brillante, no tiene mucho sentido que se pida una quita técnicamente imposible. Si creen que la GV no es sostenible, el camino pasa por pedir su intervención por el Gobierno central. Obviamente nadie sabe si ésto mejoraría o empeoraría las cosas. De aquí la exigencia de prudencia y rigor.
Afortunadamente, aunque no esté bien visto hablar bien de ellos, mas prudentes y realistas están siendo nuestros responsables políticos. Tanto el presidente Fabra que el viernes se descaró tanto con una frase que quizás alguien debió haber pronunciado hace diez años: «Tenemos que pedir al Gobierno que se deje de perjudicar y discriminar a la Comunitat en financiación», como con dos reflexiones mas realistas de lo habitual: «Nuestro principal problema es la caída de ingresos. Los empresarios tienen que hacer políticas para generar mayor actividad económica»; «(Montoro) es muy consciente de los esfuerzos hechos para reducir el déficit del 5 % al
3,5 %». Algo que poco tiene que ver con exigir la quita que nos ocupa. No vayamos a morder la mano que no da de comer; Fabra sabía que el Consejo de Ministros de este mismo día le iba a autorizar, con el FLA como recurso, la emisión de 357 millones de deuda para la GV. Por su parte Ximo Puig, pasando de las cuitas del PSPV, ya asume la dura realidad: «tenemos un déficit estructural monumental que va a
llevar a la GV al colapso total en
los próximos años si no se ajustan tanto los ingresos como los gastos a las necesidades reales de los valencianos».
Como a fuerza ahorcan, algo está cambiando en las cabezas de los responsables políticos, por lo que parece aconsejable que los empresarios se dediquen mas a lo suyo, e intenten evitar alarmas innecesarias.
