El Gobierno de Mariano Rajoy ha atendido muy discretamente las peticiones que le traslada la Comunitat Valenciana. Seguimos como siempre. Pasó con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era el PP el que clamaba contra la marginación, y sucede igualmente ahora, cuando se suponía que Alberto Fabra y su equipo iban a encontrar interlocutores más receptivos. El reparto de la inversión pública continúa siendo desfavorable a los valencianos. Los presupuestos generales del Estado destinan 605,8 millones de euros a la realización de infraestructuras en la Comunitat Valenciana. Esa cifra, que representa el 6,2 % de la tarta inversora, se queda muy lejos del peso específico de una comunidad autónoma que reúne al 10,7 % de la población española. Los valencianos vamos a recibir un 8,15 % menos de lo que recibimos en 2013. Las regiones que más crecen son La Rioja (42,3%), Navarra (39,5) o Cantabria (24,2). En menor porcentaje también mejoran sus ingresos Extremadura, Andalucía o Galicia. Monago, Feijóo o la socialista Susana Díez han conseguido que Montoro atienda sus peticiones. A los valencianos nos sigue costando convencer al Gobierno de España. Este desencuentro histórico complicará la mejora de las infraestructuras valencianas, muy deterioradas por tantos años de olvido, y lo que es peor: impedirá engrasar con más dinero los resortes de la inversión pública, tan necesaria hoy para suavizar los efectos de la crisis y recortar las dramáticas cifras de desempleo.
