20 de noviembre de 2013
20.11.2013

Una ley que no sirve para Justicia

20.11.2013 | 03:25

Laura Oliver

El entorno de la justicia anda revuelto desde que el Consejo de Ministros aprobara en agosto el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. La excusa de Europa es usada ahora para, en aras de una supuesta liberalización, dinamitar el sistema judicial español. La homologación que propone entre abogados y procuradores supondrá un daño difícil de reparar para la Justicia Española, que ya tiene suficientes problemas.
Los procuradores debemos reconocer que el ciudadano medio, el que ha tenido poco o ningún trato con la justicia, no sabe muy bien cuál es nuestra función. Pues bien, empezaré por la más conocida, que es la de la notificación a las partes implicadas en un proceso de toda resolución que emita el tribunal. Unos simples datos ponen en valor nuestro trabajo. Los procuradores realizamos cada año unos ochenta millones de notificaciones, con un nivel de incidencias que no llega al 0,002 %. Todo esto gracias a la modernización que acometimos en su día, y que permite que el 50 % se realice telemáticamente. Gracias también al trabajo de los 67 colegios de procuradores, que cubren con sus delegaciones la totalidad de los juzgados de España a coste cero y con garantía absoluta para el ciudadano, y a los 10.000 procuradores que tienen la obligación diaria de recoger cada una de esas notificaciones y darles traslado.
Cargarse por ley un sistema que ha costado casi diez años de construir, sin tener preparado su reemplazo es una grave irresponsabilidad por parte del ministro De Guindos, que puede saber mucho de economía, pero que demuestra no saber nada de justicia. La incorporación de 130.000 nuevos usuarios a este sistema es, simplemente, inviable. Costaría al menos otros diez años, a un ritmo tal que serían necesarios unos 150 millones de euros para hacerlo posible. ¿Quién lo pagará? De un modo u otro, el coste acabará recayendo sobre el ciudadano, con lo que el supuesto ahorro se transforma en un mayor coste de la justicia para el ciudadano. Los procuradores proponemos que se revise el coste de aplicación de la ley, antes de aprobarla, y que el coste de su aplicación se destine a la modernización y dotación económica de los juzgados en toda España, que buena falta les hace.
Pero hay más. Desde que en 1997 se editara el Libro Blanco de la Justicia, se han dado pasos de gigante en una modernización que no se basa sólo en la tecnología, sino también en la especialización de los profesionales. El propio Plan Bolonia diferencia el camino universitario que se debe recorrer para convertirse en abogado o en procurador, mediante la obligatoriedad de cursar un postgrado diferente para cada una de las especialidades. ¿Cómo se entiende que el Ministerio de Economía se salte esta especialización? La única explicación que nos cabe es que no se produce el necesario intercambio de información entre ministerios, y cada uno desarrolla sus iniciativas legislativas sin consultar a los implicados. Un desastre.
Por todo esto, porque creemos que el anteproyecto de ley es un atentado contra la justicia y los ciudadanos, y porque estamos comprometidos con nuestra profesión y con la justicia, es por lo que los procuradores de toda España hemos iniciado una campaña de movilizaciones.

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