El Consell de Alberto Fabra se comerá este año los turrones con algo más de tranquilidad que en las Navidades de 2012, aunque esta aparente calma puede ser el preludio de la tormenta. Los distintos mecanismos habilitados por el Gobierno para inyectar liquidez en una administración ahogada por los impagos ha permitido que durante 2013 los altos cargos de Conselleria de Hacienda se hayan ido a la cama por la noche sin el «ay» de si al día siguiente podrían o no pagar la nóminas de los funcionarios o afrontar un el vencimiento de un préstamo. Ahora bien, los desvelos siguen instalados en la Calle Palau. Tanto en sus comparecencias, como en el trato corto, el conseller Juan Carlos Moragues, transmite sosiego, si bien también lo hacían los violinistas de la orquesta del Titanic. La ayuda del Gobierno ha servido para evitar la quiebra y, como subrayan en el departamento de Moragues, para pagar cientos de facturas. Ahora bien, los ingresos siguen siendo insuficientes y no hay más camino que lograr una mejora en el modelo de financiación que aumente las transferencias del Estado. Lo preocupante es que esta cuestión, de la que el Consell ha hecho bandera, no es un simple argumento político. Se trata de un tema crucial en el que Fabra se juega de verdad la poca autonomía financiera que le queda. En Hacienda, más allá del debate político, están seriamente preocupados. Y no es para menos. El cumplimiento del déficit público es una espada de Damocles. Hasta ahora, el ministro Montoro ha sido condescendiente con las comunidades incumplidoras y, en especial, con la Comunitat Valenciana, la peor de sus alumnas. Es evidente, que Madrid es consciente de la situación que atraviesan las arcas autonómicas, pero Montoro también tiene un jefe al que rendir cuentas. Si Bruselas aprieta a España, el colofón será que Rajoy estrechará el cerco sobre las autonomías. La Generalitat no va a cumplir el objetivo de déficit del 1,6 % y la cuestión es qué consecuencias tendrá esta vez el suspenso. La ley de estabilidad es muy clara respecto a sus consecuencias: si una autonomía no cumple, sus cuentas serán intervenidas. De ahí que la llegada de los hombres de negro puede pasar de espantajo a realidad. En Hacienda los saben y están preocupados. Y de ahí la vigilia.