Con el caso de Asunta Basterra estamos asistiendo a un nuevo juicio paralelo en determinados medios de comunicación. Estos juicios paralelos suelen justificarse en el pretendido interés público de estos casos, que suscita un amplio seguimiento en la opinión pública. Sin embargo, habría que preguntarse si no se trata más bien de «curiosidad del público» o, lisa y llanamente, «morbo del público». Lamentablemente, no se trata de un caso aislado o novedoso, sino del último eslabón de una ya larga cadena: las niñas de Alcasser, el asesino de la katana, Mari Luz, Marta del Castillo, y Ruth y José Bretón son los conocidos antecedentes de este tipo de juicios mediáticos.

Nadie duda de que la justicia en nuestro país debe ser pública. No obstante, resulta justificado restringir dicha publicidad cuando en el proceso intervienen menores, ya sea como víctimas, testigos o acusados. ¿Y si los menores han sido víctimas mortales del delito? En ese caso su protección jurídica decae, en la medida en que ya no puede protegerse su imagen o su intimidad. Y es en dichos supuestos „como el caso de Marta del Castillo o de Asunta„ cuando algunos medios de comunicación aprovechan de manera poco ética el tirón mediático para hacer caja, con informaciones y magazines de todo tipo y color sobre los hechos luctuosos.

Las cadenas de televisión saben que los juicios sobre delitos con menores pueden dar lugar a largos culebrones judiciales, que les permitirán realizar programas que mantengan a la audiencia pegada a la pantalla durante meses. Es mucho más caro producir o comprar los derechos de una buena serie o historia de ficción, que reunir en un plató de televisión a cuatro o cinco tertuliantes expertos para que opinen sobre un hecho delictivo. Si además se consigue „previo pago„ llevar al plató a un familiar de la víctima o del agresor que revele detalles más o menos íntimos „véase la madre del Cuco o el abuelo de Asunta„ el éxito de audiencia está asegurado. El medio consigue pingües beneficios sin incumplir ningún precepto legal. Y de la ética nadie se acuerda: se trataría de un lujo para tiempos de bonanza.

De todas maneras, resulta hipócrita culpar exclusivamente a las cadenas de televisión de estos juicios paralelos. ¿Acaso estos programas no son seguidos fielmente por cientos de miles de espectadores? ¿Acaso la audiencia no pone su curiosidad morbosa por encima de los intereses o derechos de los implicados en el proceso? Si los ciudadanos cambiáramos de canal cuando un programa se enreda en detalles morbosos hablando de un juicio sobre menores, dichos contenidos desaparecerían de modo inmediato de las parrillas. Ahora bien, lo que se constata es precisamente lo contrario: estos programas obtienen cuotas de share elevadísimas.

Finalmente, tampoco cabe eximir de responsabilidad a los poderes públicos, que tantas veces se muestran perezosos o reticentes a la hora de sancionar los incumplimientos legales. Resulta desesperanzador constatar el bajísimo número de sanciones impuestas en los últimos años a las cadenas televisivas por infracciones contra los niños, sanciones que cada año pueden contarse con los dedos de una mano. No se trata de castigar de modo excesivo o indiscriminado, pero sí de hacer cumplir las previsiones recogidas en la ley.

Echando la vista atrás, es cierto que desde el caso de Alcasser o del asesino de la katana hasta hoy se ha mejorado mucho en el tratamiento informativo de los juicios con y sobre menores. Sin embargo, algunos abusos informativos en el caso de Asunta evidencian que todavía queda camino por recorrer. El camino que se extiende entre el cumplimiento de los fríos mínimos legales, y el respeto de los máximos deontológicos y éticos. Y en ese camino hemos de comprometernos a partes iguales cadenas de televisión, poderes públicos y audiencia.