En reiteradas ocasiones, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha mostrado públicamente su apoyo al proceso de valencianización emprendido por la familia Calabuig para hacerse con el control de la centenaria compañía Aguas de Valencia.

Control que será total, 97% del accionariado, si finalmente se materializa la venta del paquete de acciones que todavía resta en manos de la Caixa y de la multinacional Suez.

La valencianización no es un vocablo nuevo en boca del Partido Popular. Todavía recordamos cuando fue esgrimido por el anterior presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, con la vista puesta en el control político de las grandes cajas valencianas, entonces Bancaixa y la Cam. Valencianización que condujo, no olvidemos, a uno de los peores episodios de la historia financiera valenciana, «lo peor de lo peor», en palabras del anterior gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, cuando se refería a la gestión de la CAM.

Valencianización encierra una determinada manera de entender la economía, en dónde el intervencionismo de los poderes públicos rompe con las reglas del libre mercado de la economía liberal, buscando el favoritismo de determinados grupos, o intereses, en detrimento de la competencia, eficacia y economía. Y esto es especialmente preocupante en sectores regulados, que como el del agua, dependen directamente de los poderes políticos para la aprobación de tarifas y el control de la gestión. ¿Cómo explicar el incremento acumulado del 35% del beneficio de Aguas de Valencia, en los dos últimos años, en una economía de salarios congelados, sino a la baja?

Por otra parte, tampoco hay que olvidar que en estos tiempos marcados por numerosos procesos de corrupción, que han conducido al desprestigio de la clase política, hay que ser más que cautos, y mirar con lupa a los compañeros de viaje que se eligen. Por eso, resulta al menos preocupante, que esa valencianización proclamada desde el Cap i Casal, se asocie con una familia que, sin menoscabo de su honorabilidad, ha tenido que dar cuenta recientemente ante los tribunales en numerosos procesos judiciales: pago de facturas al entramado Nóos -caso Urdangarin-, supuesta financiación ilegal del Partido Popular -caso Orange Market-, o en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional contra los anteriores directivos del Banco de Valencia por las operaciones autorizadas, entre otras, en relación con la familia Calabuig y sus empresas.

Respeto. Respeto a la identidad de un pueblo que no puede ser utilizada en nombre de intereses espúrios de formaciones políticas o grupos empresariales. Y respeto también, a un derecho humano fundamental, el abastecimiento de agua potable, reconocido como tal por Naciones Unidas, que debería quedar lejos de los intereses mercantilistas y gestionarse siguiendo los principios de calidad, asequibilidad y rendición de cuentas a la sociedad.