Nada pasa si no lo mueve algo. Xavier Vidal Folch lo ha dicho claro: «Una auténtica revolución
„hacia el pasado„ está ocurriendo en España: la revolución recentralizadora». La patraña de que las 17 autonomías tienen la culpa de todo lo malo que acaece al Estado ha cuajado. Primero fue FAES, la Fundación de José María Aznar, la que inspiró la especie en su informe Por un Estado autonómico racional y viable, en el que sus autores preconizan el desmantelamiento autonómico. Después despejó Luis de Guindos, ministro de Economía, para sacar rédito del despilfarro regional: «Las dificultades de liquidez son auténticas oportunidades para imponer duras condiciones». Esto ya nos duele en carne viva. Llegó Cristóbal Montoro, de Hacienda, para rematar, en junio pasado, al arrumbar la reforma del sistema de financiación que ansiaban los valencianos. ¡Se cargó hasta el debate sobre una cuestión candente que legalmente había de estar en marcha en 2015! Ley hecha, ley muerta.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por denuncia de Compromís, ha condenado al Consell a sacar las facturas, que llaman de caja fija, donde se ocultan pagos y cobros por un montante de 1150 millones de euros en el período 2006-2013 (Levante-EMV del 21 de octubre). Lo de antes está por ver. Una línea de indeleble lápiz rojo marca el camino de no retorno para el gobierno de Alberto Fabra. El país valenciano encabeza las clasificaciones de corrupción y despilfarro.
La autonomía valenciana está cicateramente financiada para hacer frente a sus competencias en sanidad, educación y gasto social, donde se emplea más del 80 % del presupuesto. Mientras el Consell racaneaba y claudicaba a la hora de disminuir las partidas de gasto que afectan a las necesidades vitales de los ciudadanos, los gobernantes del PP se gastaban casi 600.000 euros al día en no se sabe qué. Quieren ocultar las facturas aun después de una sentencia judicial que les obliga a mostrar sus vergüenzas. Conflicto aplazado, problema crecido.
El debate en estos momentos se sitúa más en la confrontación territorial que en posiciones ideológicas al uso, porque el cierre en falso de una controversia sin esclarecer comporta la caída en la sinrazón política „el PSOE de Felipe y Guerra„ hasta límites insoportables. Los valencianos ya casi se han acostumbrado a reinventarse en la austeridad. Empobrecidos a consecuencia del endeudamiento disparatado y la mala gestión, han sido maltratados desde la insolencia con mayor ensañamiento que el resto de los españoles.
El corredor ferroviario mediterráneo para mercancías y viajeros, una de las reivindicaciones más coreadas por las fuerzas vivas, también se ha visto postergado ante la apuesta gubernamental de Rajoy por la alternativa central y atlántica que une el sur peninsular y Portugal por las dos Castillas y Aragón hacia el resto del continente europeo. Confluyen dos coincidencias de política territorial asimétrica. Una que favorece al eje estratégico del centripetismo celtibérico. Al mismo tiempo posterga y perjudica la conexión mediterránea que interesa primordialmente a valencianos y catalanes. En circunstancias adversas de independentismo y soberanismo mal digeridos, somos sancionados con una sonada patada a Cataluña en nuestro trasero. No hay corredor para los valencianos quisquillosos y así los catalanes no tendrán el eje mediterráneo que persiguen. Es un escenario al siniestro estilo Montoro que, según las últimas noticias, recibirá a la misión empresarial „¿y política?„ valenciana, una vez aprobados los presupuestos del Estado. ¡Qué vergüenza!
Crece el retroceso en los niveles de descentralización autonómica. El Estado de las Autonomías, refrendado en la Constitución, se halla en pleno desguace. La controversia entre las prerrogativas que perseguían las autonomías históricas (Cataluña, País Vasco, Navarra y quizás Galicia) se solventó en 1978 con el inefable café para todos que está resultando ser un airado café para nadie. En esa ensalada de boicoteos, represalias y despilfarros hemos perdido todos. Unos gobernados tras el particular señuelo soberanista y otros por los correligionarios del Partido Popular, con idéntica carga ideológica, pero con tal capacidad de ineficiencia en la gestión, que resultaba inevitable convenir que un gobierno autonómico con esas maneras y esos resultados se cava su propia tumba. Se han lucrado con desfachatez y anhelan su objetivo político, para concluir «delenda est autonomia».
El panorama es sobrecogedor cuando la Comunitat Valenciana ha quedado constreñida entre la deriva catalana, respetable pero muy suya, y las arbitrariedades características del Estado central que se siente amenazado, al tiempo que se reafirma: ¡aquí mando yo caiga quien caiga! La vía valenciana a ultranza es la única alternativa para defender los intereses de un territorio que tiene tanto derecho como otros a emprender el vuelo y diseñar su futuro. Sin interferencias, sin imposiciones y sin claudicación.
