Es difícil ponerle cifra a la dignidad de una persona, pero si tuviéramos que hacerlo, creo que está muy por encima de los 30.000 euros a que ha sido condenada la Diputación de Alicante, tras prohibir la entrada a un concierto a Alfredo, un joven con una discapacidad física del 84 %. Estoy convencido de que la mayor satisfacción para él hubiera sido asistir a ese concierto. A partir de ahí, aquellos que se hayan podido ver sorprendidos por la acertada decisión judicial y la cuantificación de ese daño moral, deben entender que la lógica de los tribunales y la necesidad de reponer en sus derechos a quienes se han visto desprovistos de ellos por una actuación injusta, hace necesario que este reproche venga acompañado de la correspondiente indemnización.

Todos nos quedamos impactados al conocer el caso de Alfredo, no sólo por el hecho de que se tratara de una persona que se veía obligada a desplazarse en una cama articulada, sino por la entereza que demostró al ser capaz de enfrentarse a una estructura de poder tan importante como la diputación, después de que hubiera adoptado una decisión inmoral y abusiva, a pesar de que el joven había sido invitado a la representación por el propio compositor y de que existía una solución viable para que pudiera asistir.

Estamos ante una sentencia que podríamos calificar de simbólica para el colectivo de las personas con discapacidad, donde se constata la evolución social y de reconocimiento legal que se ha producido en los últimos años en nuestro país. Es clave en todo este proceso la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en 2006. Con ella se impone el denominado modelo social, donde se estudia la diversidad funcional desde la óptica de la igualdad, pasando del tradicional concepto asistencial, rehabilitador o educativo, a una esfera de auténtica integración, centrada en la igualdad y en la búsqueda de aquellos instrumentos que permitan remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación de todos los individuos. Con la aplicación de todo este nuevo entramado normativo, y muy especialmente con la perseverancia de Alfredo, se ha conseguido lanzar el mensaje de que todos somos iguales en derechos y en dignidad.