09 de octubre de 2015
09.10.2015

Una pérdida irreparable

09.10.2015 | 04:15

El 4 de junio pasado, la policía irrumpió en el instituto tecnológico AIDO, se llevó documentación y detuvo a su director, prohibiéndole contactar con el personal del centro y acercarse al mismo. Días después, fueron imputadas 16 personas, entre las que me encuentro como presidente del instituto, un cargo representativo que se ejerce sin percibir remuneración alguna y cuya función no es gestionar el centro.

El ruido mediático fue enorme, el centro se convulsionó y quedó descabezado y el inmenso daño al prestigio del instituto y al honor de las personas estaba servido. La actuación policial se produjo por la denuncia que Joaquín Ríos, por entonces director general del Ivace, interpuso ante la Fiscalía, incumpliendo lo que él mismo había afirmado previamente en el consejo rector y, en opinión de quien suscribe este artículo, actuando de forma irreflexiva y temeraria.

En este punto, cabe destacar que el artífice de la concienzuda investigación de los expedientes de AIDO fue quien por entonces y en la actualidad es responsable del área de institutos tecnológicos del Ivace, Roberto Parras, quien previamente había auditado (y en algunos casos reauditado) los mencionados expedientes, y cuya esposa fue contratada en AIDO a solicitud suya, y despedida, al ser incluida en un ERE, meses antes de presentarse la denuncia, momento en el que la mencionada señora anticipaba abiertamente a sus compañeros graves problemas para el instituto por su despido.

También es importante señalar que cuando el Ivace promete financiación para la fusión de AIDO con institutos de Redit, el Consejo Rector de AIDO ratifica la potencial fusión e interrumpe el proyecto iniciado con el instituto catalán Leitat, que se inició meses antes como única vía para la continuidad de AIDO. Tras fracasar la fusión porque el Ivace incumple con la financiación prometida y utiliza una errática estrategia en la negociación, propone despedir al director de AIDO, instar un preconcurso de acreedores o vender el instituto por unidades productivas. Tras la negativa de los consejeros de AIDO ante esta nueva e insólita ocurrencia, es cuando el Ivace interpone la denuncia.

Como creo que en AIDO nadie ha sustraído un solo euro, ni se han cometido acciones ilegales merecedoras de denuncia alguna ante el Ministerio Fiscal, lo cual confío y deseo que pueda ser demostrado en los tribunales, es por lo que considero, como mínimo, irreflexiva y temeraria la denuncia del Ivace. La asfixia financiera sufrida por AIDO y por todos los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana, por los impagos, incumplimientos, cambios de criterio, desaparición de convocatorias y falta de apoyo a la I+D+i en la Comunitat por parte del Ivace y, como puntilla final, la denuncia ante la fiscalía, supone el cierre del centro, dado que los nuevos responsables políticos, que tanto presumen de sensibilidad social, han permanecido y permanecen en el inmovilismo.

Este instituto tecnológico excelente, que lleva más de 25 años transfiriendo conocimientos en óptica y fotónica a empresas de todo el mundo, siendo reconocido por ello a nivel internacional, pese a tener un gran futuro, será pasado. Sesenta personas altamente cualificadas, que aman su profesión, cuyos conocimientos han contribuido a que muchas empresas hayan innovado con éxito, engrosarán las listas del paro. Y en el caso de que AIDO resulte inocente, me hago la siguiente pregunta: ¿habrá habido mala fe en las actuaciones del Ivace? Aunque finalmente la respuesta a esta pregunta resultara afirmativa, y la justicia actuara contra los responsables, no habría consuelo ni vuelta atrás posible porque AIDO y su cualificado personal se habrán perdido para siempre.

Concluyo denunciando la actitud del actual Consell, que no se ha preocupado por visitar el instituto para conocer su situación, ni ha atendido a su consejo rector, pese a las reiteradas solicitudes de reunión, ni ha apoyado a AIDO, que es uno de los 13 institutos tecnológicos de esta querida Comunitat, que sin haber sido juzgado está condenado al cierre.

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