El pasado 23 de septiembre, la presidenta del PP valenciano Isabel Bonig anunciaba que derogaba las líneas rojas de Alberto Fabra contra la corrupción. Aquellas líneas basadas en la expulsión de imputados de las filas del PP han sido sustituidas ahora por lo que tilda de sentido común. Su sentido común, parece que imbuído por el carácter liberal que pregona, se asienta sobre el no intervencionismo de los partidos sobre sus cargos públicos. O lo que es lo mismo: pase lo que pase con un cargo público, bien sea imputado, acusado o le abran juicio por corrupción, el partido debe dejar que la mano invisible de la justicia decida si sigue o no sigue en su cargo. La ortodoxia del laisser faire, laisser passer, llevada a la organización política de un modo exquisito. No sé qué opinaría Adam Smith de esta adaptación a la ética política de su teoría económica.

Es curioso que a falta de que se cumpla un mes desde que expusiese su nueva teoría de la expulsión y renuncia de los cargos del PP, ya tengamos un ejemplo sobre la mesa para evaluar su eficacia. Desde que el juez anunció el procesamiento del exalcalde de Chiva, José Manuel Haro (otrora flamante diputado provincial y ejemplar muestra del defenestrado rusismo, hoy concejal raso en Chiva), Bonig ya ha tenido la oportunidad de ser fiel a sus principios y decidir que «si es condenado, no tengan la menor duda que será expulsado del partido y tendrá que abandonar su cargo que ha puesto a disposición del partido».

La señora Bonig parece atribuirle a su partido facultades que no le corresponden, pues en el caso de que Haro sea condenado por la causa de corrupción por la que está siendo procesado, ya no haría falta que nadie de su partido le pidiese su renuncia, ya que su condena implicaría automáticamente su inhabilitación como cargo público. En castellano actual o en román paladino, eso significa que las líneas del sentido común que practica el PP significan realmente dejar a criterio de los jueces y sus sentencias el futuro y la militancia de sus cargos.

Si primero fueron las malogradas líneas rojas de Fabra las que dejaron en evidencia (por su arbitrariedad) al Partido Popular en la anterior legislatura, ahora ya no valen, y ni la imputación, ni el procesamiento, ni la acusación ni la apertura de juicio determinarán la renuncia dentro del PP. Ahora toca practicar el anarcoliberalismo en su vertiente ética, al más puro estilo de Friedrich Hayek. En los temas de higiene democrática, el partido no se mete; para eso están los jueces. Otra brillante adaptación.

Y sepa que puede estar tranquila, que no hará falta que le pida su dimisión a su compañero en el caso de que sea condenado; eso ya lo hará el juez con su sentencia. Y todo esto a dos meses de las elecciones generales, como si el 24 de mayo no les hubiese enseñado nada.