24 de octubre de 2015
24.10.2015

La sanidad y los ciudadanos

24.10.2015 | 04:15

Existen tres valores sociales sobre los que se construye el actual sistema sanitario. El primero es el de la solidaridad. La sanidad concita un amplio consenso social en la atención que debe prestarse a toda persona enferma, independientemente de su capacidad de pago. Al igual que en el resto de los países europeos, el cuidado de la salud es considerado en España como uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar.

La equidad, entendida como «igualdad oportunidad de uso ante igual necesidad», aparece como uno de los valores sociales de la tradición europea. Los ciudadanos europeos consideran que el acceso a la atención sanitaria en condiciones de igualdad constituye un derecho irrenunciable. De ahí que los gobiernos se enfrenten, una vez más, con graves dificultades para poner en marcha medidas que puedan dañar el objetivo de equidad en la provisión de servicios sanitarios (por ejemplo la instauración del copago).

Un tercer valor emergente, aunque más arraigado hasta el momento entre los administradores públicos que entre la ciudadanía, es el de la búsqueda de la eficiencia. El impacto de las crisis económicas, el crecimiento de la tasa de desempleo, el envejecimiento de la población, los avances tecnológicos en el diagnostico y tratamiento de enfermedades, y la irrupción de nuevas patologías influyen en el crecimiento del gasto sanitario. Todo ello en un entorno de insensibilidad de la demanda ante los costes de la atención sanitaria.

Además, la percepción de que el proceso de globalización de la economía puede afectar a la competitividad de los países en mercados cada vez más abiertos, junto con la adopción de medidas derivadas del proceso de integración en la Unión Europea, empujan a los gobiernos a reformar sus sistemas de protección social, en los que introducen medidas de racionalización y control de costes.

En los últimos años, los sistemas sanitarios públicos de los países de la Unión Europea han adoptado ciertas medidas para aumentar la eficiencia del gasto. En su desarrollo histórico, el sistema sanitario español ha adolecido de un excesivo paternalismo y de una falta de autonomía personal. La población ha aceptado ser un actor pasivo de su enfermedad a cambio de contar con un acceso garantizado a la atención sanitaria. De ahí que los mecanismos de autonomía dentro del sistema estén poco desarrollados y resulten tan conflictivos. No hay que olvidar, sin embargo, que el espacio donde se produce la mayor parte de los cuidados sanitarios es ajeno al sistema sanitario. Según encuestas de salud disponibles, solo uno de cada tres problemas de salud declarados genera un contacto con el sistema sanitario. Este hecho es explicado por la población aduciendo que se trata de casos que ellos mismos saben como tratar. El problema de falta de autonomía se produce, por tanto, una vez en contacto con el sistema de cuidados de salud.

El paciente dispone hoy de muy poca información sobre su enfermedad y sobre el uso que puede hacer del sistema publico de salud. Apenas se le conceden derechos de elección de profesionales o alternativas terapéuticas. El progresivo grado de madurez que está alcanzando la sociedad española, así como el hecho sustancial de que las personas son diagnosticadas cada vez más precozmente, exige que el sistema de salud se ajuste a esa nueva situación, facilitando y permitiendo un mayor grado de autonomía personal.

La actitud de profesionales y usuarios ha adolecido tradicionalmente de un acento excesivo en la atención curativa frente a la atención preventiva y paliativa. Esto denota el carácter de una sociedad en la que tiene más valor actuar que no hacerlo, aun en los casos en los que actuar no conlleve consecuencias curativas o paliativas. Esto provoca que se considere inaceptable cualquier demora en la atención curativa, pero no tanto el que no existan determinados programas preventivos que resultarían mas eficaces.

En la evolución histórica destaca asimismo el desarrollo progresivo, aunque lento, de instrumentos de participación social. La toma de decisiones políticas fue protagonizada durante largos períodos de tiempo por un núcleo de actores muy restringido. Durante la etapa pre-democratica fueron fundamentalmente las élites políticas y funcionariales las responsables de los cambios de rumbo del sistema sanitario. Ya en la transición a la democracia, otros grupos sociales y de presión (profesionales y sindicales, principalmente) tuvieron ocasión de realizar propuestas y de participar en la toma de decisiones, aunque la carencia de verdaderos expertos y de cauces articulados de discusión dificultó la participación y expresión propia de los sistemas democráticos. En los años 80, el proceso de elaboración de la Ley General de Sanidad representa, por una parte, la apertura del núcleo de decisión aunque denota , por otra, la falta de participación de los actores afectados, es decir, de los profesionales sanitarios y de los ciudadanos. Por lo tanto, es necesario incorporar nuevas propuesta que legitimen socialmente el sistema de salud:

1. Las medidas de reforma del sistema publico de asistencia sanitaria deben atender a los objetivos de eficiencia, equidad y solidaridad.
2. Proporcionar a los usuarios más información sobre el sistema sanitario y sobre sus procesos de enfermedad, de forma que se potencie la autonomía de los ciudadanos respecto a su salud.
3. El objetivo final del sistema no debe ser solo curar, sino también cuidar y paliar. El cambio de este paradigma solo tendrá lugar a través de la educación, el entrenamiento de los profesionales y una reorientación de la oferta de servicios en los centros sanitarios.
4. Incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre las medidas de reforma del sistema sanitario. Promover un auténtico debate público capaz de proporcionar a la población información clara sobre los problemas con los que se enfrenta el sistema sanitario público de asistencia sanitaria y sobre las posibles opciones para solucionarlos.

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