10 de diciembre de 2015
10.12.2015

El imperio de la vigilancia y la protección de datos

10.12.2015 | 04:15

En una reciente conferencia, Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique en español, exponía sus temores respecto a la vigilancia total a que estamos sometidos los ciudadanos, acrecentada, día a día, con la excusa de protegernos del terrorismo. Decía Ramonet que «nos observan, nos vigilan, nos controlan» cada vez más gracias a los avances tecnológicos que permiten un control total de la población. Assange, Falciani y Snowden, han demostrado que estas afirmaciones son correctas. Internet, tan positivo en tantos aspectos, se ha convertido en la máquina de espionaje perfecta. Todo aquel que hay utilizado una sola vez el Google, debe saber que está controlado en todo lo que dice y hace.
El Estado, que debía ser el defensor de los derechos constitucionales del ciudadano, incumple permanentemente artículos y más artículos de nuestra Constitución sin el menor rubor. El Título II de la Constitución expone cuáles son nuestros derechos y libertades, sin que, en apariencia, ello  le importe lo más mínimo al que nos espía todos los días.

Frente a este abuso de poder basado en que se hace por nuestro bien, para protegernos, el ciudadano se enfrenta diariamente al secreto oficial en multitud de temas apoyándose en una ley de Protección de Datos, promulgada, también, para defender la privacidad del individuo. El Estado se entera de todo lo que quiere e impide que nos enteremos de lo que no quiere que sepamos. Todo por nuestro bien.

Hay tres casos que clarifican lo que deseo decir. Casos que he sufrido personalmente sin poder hacer nada para evitarlo.
Trate usted, querido lector,  hacer un trabajo de investigación sobre los accidentes mortales de trabajo referidos a un periodo determinado de hace más de 50 años. Una fuente básica para ello es la consulta de los libros de defunciones que se conservan en los Registros Civiles. Para ello tendrá que dirigirse al Juez encargado del registro solicitando su autorización y se encontrará, después de varios meses de espera, con una respuesta negativa basándose en argumentos sorprendentes. Si no está de acuerdo tendrá que recurrir ante la Dirección General del Registros y Notariado y si todo va bien, a los dos años, más o menos, le contestaran no aceptando el recurso basándose en que no se puede saber, por la Ley de Protección de Datos (LPD), la causa de la muerte que figura en los libros solicitados. Y no hay más recursos posibles.

Algo similar le ocurrirá si desea saber quiénes son los contribuyentes que han sido declarados exentos del pago de un impuesto, o han recibido bonificaciones para pagar menos. No se trata de averiguar quién no paga teniendo obligación de hacerlo. Eso ya ni lo soñamos (a no ser que hay defraudado más de un millón de euros que, según dicen, lo van a hacer público). Solo pretendemos saber los bienes exentos para comprobar si se ajusta a la normativa. Saber quién se beneficia de bonificaciones y de qué forma, ya que hemos leído en varias ocasiones que grandes empresas del Ibex 35 y la Iglesia Católica pagan, porcentualmente, menos que un ciudadano que solo tiene la nómina o, incluso, no pagan nada. Para saber esos datos y comprobar si las exenciones y bonificaciones son correctas, el funcionario de turno, como antes hacía el juez, te muestra la LPD y te niega cualquier información.

Más difícil aún lo tendrá un ciudadano que quiera saber algo tan elemental como el nombre de sus padres biológicos. Son cientos o miles, los que han sido adoptados de forma más o menos regular. Algunos lo han sido porque antes han sido separados violentamente de sus madres. La empresa resulta imposible si se trata del hijo de una mujer presa que tuvo una hija en 1942. Yo lo he intentado y siempre me he tropezado con la LPD que impedía dar información de hechos tan delicados.

El Estado nos vigila día y noche y, al mismo tiempo, nos impide el menor control. En los tres casos referidos, los funcionarios han cumplido con su obligación. Siempre tenían una ley que les impedía facilitarnos la tarea, pero ello no es óbice para que mostremos aquí nuestra más fuerte protesta por el excesivo interés que tiene el Estado en protegernos.

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