09 de enero de 2016
09.01.2016

INE, empleo y discapacidad

09.01.2016 | 04:15

La Estrategia Europa sobre Discapacidad 2010-2020 se reafirma en la convicción de que el empleo para las personas con diversidad funcional no sólo les asegura una necesaria independencia económica, sino que les estimula para la superación de sus metas personales y les ofrece la mejor protección frente a la pobreza. En esa línea, estoy convencido de que incentivar a las empresas que fomentan su empleabilidad es la mejor terapia, que, a la vez, permitiría al Estado ahorrar miles de euros que podría destinar a otros proyectos. Es decir, y sacando la calculadora, el coste que supone subvencionar a un trabajador con discapacidad en una empresa protegida, siempre que lógicamente tenga las capacidades y la predisposición, es infinitamente inferior a una plaza residencial u ocupacional de esa misma persona.

Sin embargo, los datos de desempleo siguen siendo muy preocupantes, tal como hemos podido conocer a finales de diciembre con la publicación del informe elaborado por el INE sobre empleo y discapacidad. Así las cosas, mientras que en Europa la tasa de empleo de las personas con discapacidad se sitúa alrededor del 50 %, en el caso de España está en el 38 %, más de 10 puntos por debajo, y si lo comparamos con la población sin discapacidad, donde tenemos una cifra de actividad del 77 %, encontramos que la brecha llega a casi 40 puntos de diferencia. Es decir, desde el año 2008 el paro se ha cebado considerablemente con las personas con diversidad funcional, donde los pequeños incrementos de empleabilidad son una pura anécdota. Junto con ello, otro factor muy destacado de la encuesta es que la participación laboral está muy determinada por el tipo e intensidad de discapacidad. Así, la respuesta del mercado a la crisis puede explicarse con el denominado efecto desplazamiento de los colectivos especialmente vulnerables, donde las enfermedades mentales y las discapacidades intelectuales han concentrado un aumento exponencial de su desempleo, en detrimento de la contratación de trabajadores con discapacidades más leves.

Con toda esta exposición, no debemos perder de vista que detrás de esos números existen nombres y apellidos de jóvenes con discapacidad, muchos de los cuales incluso conocemos personalmente, que se han visto totalmente apartados en su proceso de integración social. Por ello, y para aproximarnos al cumplimiento de los objetivos marcados por Europa en 2020, la Generalitat y el futuro Gobierno de España deben poner en marcha políticas transversales donde se priorice su inserción e independencia personal, planteándose a la vez una profunda revisión del principio de igualdad, con la finalidad de reforzar más intensamente aquellas discapacidades especialmente vulnerables.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine