El 15 de octubre de 2015 marcó un antes y un después en lo relativo a la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Hasta entonces era un derecho al que se accedía, con dificultades, tras haber cumplido un número determinado de años de estancia legal continuada. El Real Decreto 19/2015 de 13 de julio regula el procedimiento para la obtención de la nacionalidad, incluyendo la obligatoriedad de superar una prueba que acredite el conocimiento de la Constitución y la realidad sociocultural españolas (CCSE), así como la de poseer un diploma de español de nivel A2 o superior expedido por el Instituto Cervantes, estando excluidas de esta última prueba las personas originarias de países donde el castellano sea lengua oficial.
Una de las consecuencias de esta ley es que los trámites para la nacionalidad han dejado de ser gratuitos, pasando ahora a costar más de 300 euros, pues a la tasa de 100 euros impuesta para cursar el expediente, hay que sumar los 85 del CCSE y los 124 del examen de DELE.
La prueba obligatoria de conocimientos socioculturales responde a un modelo de integración asimilacionista, una propuesta de uniformidad cultural, consistente en promover la adopción por parte de los grupos minoritarios de la lengua, los valores y las señas de identidad de la cultura dominante, así como el abandono de la propia cultura. La prueba se enmarca en la tradición de contratos de integración de otros países europeos (Dinamarca, Holanda, Austria), que surgieron en los años 90 durante gobiernos conservadores y en momentos de ascenso de partidos xenófobos. La integración pasa a ser un requisito de obligatorio cumplimiento impuesto por el Estado y no un proceso de inclusión en la sociedad y de adquisición de derechos de ciudadanía.
La primera dificultad que encuentran las personas que quieren superar la prueba es la inscripción, que debe realizarse online y exige tener una cuenta de correo electrónico y una tarjeta bancaria. Tras una lectura detenida de las pruebas, encontramos preguntas de difícil interpretación, y sobre todo, un modelo de hojas de respuesta de manejo muy complicado, lo que puede resultar determinante para que las personas candidatas no logren superar el examen.
En cuanto al examen de lengua española, las pruebas se realizan siempre en centros privados autorizados por el Instituto Cervantes, que con ello obtienen beneficios de cada uno de los exámenes realizados, así como otros ingresos derivados de los cursos que ofertan para la preparación de las pruebas. Es asombroso que tan solo el Instituto Cervantes pueda otorgar estos títulos, cuando existe una red de escuelas oficiales dedicadas a la enseñanza especializada de idiomas y una larguísima lista de escuelas de adultos y ONGs en las que la mayoría de personas migradas adquieren sus conocimientos de español.
Las pruebas están pensadas para estudiantes de Secundaria, Bachiller y universidad, que quieren obtener títulos oficiales de ELE, y exigen un nivel de formación básica por encima del graduado en secundaria.
Los exámenes de nacionalidad están frustrando las expectativas de muchas personas que llevan muchos años viviendo y trabajando en España. Parecen diseñados para excluir del derecho a la nacionalidad a personas procedentes de determinados estratos sociales: ¿por qué una persona analfabeta no puede conseguir la nacionalidad española?, ¿se es más español cuanta más formación académica se tiene? Manifestamos nuestro desacuerdo con el actual modelo de acceso a la nacionalidad española contemplado en el Real Decreto 19/2015, que fue aprobado ignorando la existencia de las asociaciones que trabajan en el campo de la inmigración, y demandamos la creación de un modelo consensuado, no discriminatorio y realmente favorable a la integración de las personas migradas.
Firma también Francisco López Duro, del CFBPA Vicent Ventura.
