La Conselleria de Transparencia ha estado más de un mes exhibiendo las irregularidades de la finiquitada directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella. No le ha quedado otra. Hasta cuatro argumentos venían a demostrar que ha hecho trampas al ocultar información. La brega venía desde noviembre, demasiado tiempo perdido por los pasillos para aclarar la situación de un cargo público. Si un sector no la hubiera apuntalado a un cargo como militante recién llegada y le hubieran pedido las explicaciones oportunas, si las hubiera dado, si la información que dijo se hubiera ajustado a la presentada quizá no estaría donde está, fuera.
Obligar a una conselleria ajena a tomar las riendas que debió tomar el propio conseller que la nombró es dejación de funciones. Vaya por delante. Que la propia interesada no haya dado explicaciones, ninguna, de todas las irregularidades demostradas es ocultación de datos. Y una falta de respeto al partido, a su conselleria y a la opinión pública. Que al final es para quien trabaja.
Además, que algo tan básico como no presentar el pago de las tasas para la expedición del título de una, dos o todas las carreras que tenga y colgarlo en la web autonómica para facilitar el acceso, que además obliga a ello la ley, es vaguería. Y en ello no hay defensa. No se duda de que tenga el título, se la condena por no cumplir con una norma con la que está obligada a hacerlo por ser cargo público. Y si con eso no cumple, ¿con qué más no cumplirá?
Así las cosas, y ante la dejadez de funciones de la afectada, de Economía y su conseller y del partido, Transparencia ha debido montar la cruzada y ejercer de Santa Inquisición. Y obligar a la destitución a través de un comunicado. Y poner en valor el motivo por el que existe esa conselleria; el de recuperar la confianza en el sector público. Sin ver si hay tuyos o míos. Todos iguales.
El lío de la gasolinera familiar no tenía salida. Quizá el resto era explicable. Cucarella ha sido apoderada de una empresa mientras ha sido alto cargo de la Generalitat. Y en eso le iba una falta muy grave. ¿Sobre papel o ha estado firmado documentos, realizado transacciones, reuniones y demás? Es decir, ¿ejercía de apoderada? Ni lo explicaba ni en sus datos coincidían los porcentajes de participación. Cucarella además lo había ocultado en su declaración de actividad. Una gasolinera que encima deberá limpiarse con fondos públicos por contaminar y en trámites judiciales. El silencio de la directora general no tiene perdón. Como tampoco lo tiene su enrocamiento, ni la defensa que le han hecho en un sector político por ser de los suyos, ni los silencios en su conselleria.
