29 de agosto de 2016
29.08.2016

Una oportunidad perdida

29.08.2016 | 04:15

Este verano se han sucedido los asesinatos de mujeres, como viene siendo triste norma, ante la impotencia de nuestra sociedad. Notas de prensa, concentraciones de protesta de nuestras autoridades, consternación general... Nada cambia. Lo que varía es la imaginación macabra de los asesinos: en Torrevieja, la víctima fue encontrada emparedada en el cuarto de los contadores.

Hemos logrado que la opinión pública compadezca y condene los asesinatos de esas «pobres mujeres». Sin embargo, hemos de tomar conciencia de una vez de que así no vamos a ninguna parte. Hemos de cambiar de perspectiva. Los asesinatos de mujeres son la última manifestación de una sociedad enferma y como tales han de ser afrontados. Si la afirmación parece exagerada, pensemos por un momento qué pasaría si los 56 asesinatos reconocidos de 2015, en vez de mujeres lo fueran de joyeros, abogados o víctimas de la violencia yihadista. El país estaría en pie de guerra. Por lo cual, no parece demagogia deducir que hay muertes de primera y muertes de segunda.

Hemos de ir a la raíz. El maltrato a las mujeres no es algo inevitable como un terremoto. Está originado por unas causas que no son reconocidas como tales y en un clima social de pasividad, cuando no de tolerancia, ante hechos muy graves. Por solo citar algunos recientes:
· Las violaciones de los sanfermines produjeron una reacción ciudadana en Pamplona que apenas ha tenido eco en el resto del país. Ni siquiera la filtración de los mensajes de los violadores „«follándonos a una entre cinco... puta pasada de viaje.... estos son los viajes guapos»„ han provocado la oleada de indignación que sería justo esperar.

· Las reiteradas declaraciones del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, equiparando la ideología de género con el imperio nazi (¿cuántos campos de concentración han montado las feministas?) apenas suscitan las declaraciones de condena de rigor. Ni se denuncia su justificación de que su preocupación por las mujeres es «una labor silenciosa» en contradicción con otras ruidosas manifestaciones suyas contra «los que ponen en peligro la unidad de España» o sus denuncias contra el aborto. Ante lo cual cabe preguntarse por qué nunca se ha pronunciado contra ninguno de los asesinatos de mujeres en nuestra comunidad.

· Es habitual la presencia de pancartas con la expresión «feminazi» en concentraciones y manifestaciones contra la violencia y asesinatos de mujeres que suelen ser toleradas alegando la libertad de expresión y sin que ningún medio haya denunciado la absurda equiparación entre feminismo y nazismo y la misoginia que conlleva. Desgraciadamente, la etiqueta ha adquirido popularidad en las redes sociales.

· La pasividad de las administraciones y los partidos políticos ante la reproducción de conductas de violencia sexista entre los adolescentes. Sorprenden las recientes declaraciones del presidente de la Audiencia de Valencia alertando de que la violencia está afectando cada vez más a las jóvenes y que éstas no son conscientes del maltrato. Habría que recordarle que este fenómeno ya había sido denunciado hace mucho tiempo, que el gobierno de Rajoy eliminó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, única en el curriculum escolar que trataba de manera transversal la igualdad entre los sexos y que son escasos los centros educativos en los que se imparte educación afectivo-sexual, lo que lleva, según denuncias de algunas educadoras, a que los jóvenes aprendan sus comportamientos sexuales en las páginas pornográficas que no suelen estar por la dignidad de las mujeres precisamente.

Aunque no lo parezca, todas estas reflexiones nos surgen ante la publicación de la orden de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se configura la Red Pública de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, porque parece estar muy alejada de estas consideraciones. Las mujeres aparecen solo como víctimas sin analizar las especiales atenciones que la violencia de género requeriría. Una orden que ha sido redactada sin haber realizado previamente una evaluación seria y ponderada de cuál ha sido el funcionamiento de estos recursos y si están respondiendo a las necesidades que la gravedad del hecho requiere.

Una orden que aparenta no tener otra concepción ideológica que el mantenimiento del buen funcionamiento de estos centros. Una cierta obsesión reglamentista destaca con la obligación de firmar un documento por parte de las usuarias en el que se comprometen a cumplir el Plan de Atención Individualizada y cuya negativa puede suponer la expulsión del centro (¿respeta esto los derechos de la usuaria?). Se arbitra como requisito «no presentar trastornos de conducta que puedan alterar la normal convivencia del centro», imprecisión que se presta a posibles arbitrariedades al no determinar de quién depende ese diagnóstico. Una serie de normas que atentan contra la privacidad que debe respetarse en mujeres adultas.

Sin negar las dificultades y conflicto que toda convivencia grupal ocasiona, este espíritu no es el más adecuado para que las mujeres recuperen su autoestima y su empoderamiento social. Por ello, esperamos que tras el período de alegaciones, la nueva directora del Instituto Valenciano de las Mujeres, María Such, abra un tiempo de discusión y reelaboración por parte de todas las interesadas, asociaciones de mujeres y expertas que trascienda ampliamente a la opinión pública valenciana para que los asesinatos de mujeres dejen de estar en los últimos lugares de las preocupaciones de la ciudadanía.

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