07 de diciembre de 2016
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Por el derecho civil valenciano

07.12.2016 | 04:15

El escenario de la XII legislatura abre una oportunidad para abordar la reforma constitucional. Teniendo presente que la recuperación económica anuncia un horizonte de estabilidad y que existe un bloque de fuerzas políticas constitucionalistas, que desde una mayoría cualificada pueden estar dispuestos a sustanciar una base de consenso.

A lo largo de estos 38 años se han ido asentado en la agenda algunos aspectos que resultarían ineludibles en el debate en el momento en que este se produzca. Así, la reforma del Senado como cámara de representación territorial pura, una reforma de la ley electoral, la garantía de la autonomía local, la financiación autonómica o la configuración del poder judicial. En todo caso, prácticamente todas las cuestiones que se han ido acumulando en la agenda no necesariamente requieren de una reforma constitucional modificarse. Más bien en algunos casos se puede buscar un blindaje constitucional que quizás no se alcance con la modificación de las respectivas leyes orgánicas.

Este hilo argumental se trunca en una cuestión que ha accedido a la agenda recientemente a causa de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional este año que han terminado por derogar toda la producción de derecho civil valenciano moderno. Esas resoluciones han conducido a que la una única forma de encarar la recuperación de la competencia pase por la reforma constitucional. Sin que ello excluya medidas transitorias que a su vez ayuden a mantener viva la llama de la reclamación.

La recuperación de la competencia resulta esencial para poder subsanar una anomalía histórica a todas luces, puesto que el accidentalismo histórico nos ha relegado como el único territorio que disponía de instituciones privadas forales que ha tiempo de la aprobación de la Carta Magna no las tenía en vigor. Si apelamos, como hizo Isabel Bonig en su conferencia en el Club Broseta, a un valencianismo que trascienda de lo identitario sin renunciar a su defensa.

Ese lugar común lo encontramos en la defensa de los intereses propios. Se trata de dotar de contenido los símbolos con las justas reclamaciones y la de la recuperación de la competencia en derecho civil lo es; fundamentada en motivos sociales, históricos, políticos y objetivos. Que por encima de todo responde a una demanda cada vez más solida de la sociedad valenciana, que tiene su expresión en el apoyo expreso que a esta causa han manifestado ya 150 municipios, las tres diputaciones provinciales así como una pluralidad de entidades sociales, sindicales, culturales y profesionales. A través de la campaña pro derecho civil valenciano puesta en marcha por la Associació de Juristes Valencians. Una reclamación que se sustenta en el mantenimiento de una capacidad legislativa que fue plasmada como propia mediante la reintegración del derecho foral en la reforma del Estatut del año 2006.

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