Gracias a las revelaciones que el diario Levante-EMV lleva publicando desde hace varias semanas sobre las presuntas irregularidades cometidas por las empresas sanitarias concesionarias durante los gobiernos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, los valencianos han podido conocer qué había detrás de aquellas políticas privatizadoras del PP que presentaba la sanidad pública de gestión privada como la panacea de buena gestión y ahorro.
La pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular en las últimas elecciones autonómicas trajo consigo la apertura de armarios por parte del nuevo Gobierno que, por lo que se está conociendo, guardaban numerosos casos de corrupción, irregularidades así como graves negligencias e incompetencias. Pero si hay un ámbito en el que se han unieron todas estas características fue en el de la sanidad.
Si hace unas semanas nos enterábamos del negocio que tenía montado el grupo Ribera Salud con la utilización de una central de compras ficticia de apariencia legal para cobrar comisiones a las empresas suministradoras de prótesis que implantaba en algunos de sus hospitales y que pagaba la Administración valenciana, un nuevo escándalo se cierne sobre Ribera Salud y por inmediata extensión a los responsables políticos que miraron para otro lado. Me refiero a las irregularidades detectadas por inspectores sanitarios sobre más que probables facturaciones fraudulentas a las arcas públicas en el tratamiento de los pacientes asignados a la zona de actuación de los hospitales de Ribera concertados tal y como aprobó en su día el Partido Popular gracias a sus sucesivas mayorías absolutas.
Ribera Salud pasaba a la Administración facturas por pacientes atendidos en urgencias que en realidad habían sido tratados en consultas externas, es decir, en tratamiento ambulatorio a un coste mucho menor del presentado a cobro con un claro menoscabo de las arcas públicas valencianas.
El llamado «modelo Alzira» ocultó una triple intención. En primer lugar, una voluntad desmembradora del modelo social público como fuente generadora de igualdad de oportunidades. Si hay algo que resume la voluntad de un país en generar un modelo social cohesionado alejado de la organización clasista es la sanidad. En segundo lugar, un efecto de propaganda ante las sucesivas elecciones electorales al vender como una realidad que la gestión de la sanidad pública y sus recursos sería más favorable para el ciudadano si se entregase a manos privadas dándose a los hospitales una apariencia de hoteles. En tercer lugar, se trató de consolidar una sociedad que, desmontando los logros conseguidos en materia social tras la llegada de la democracia en España, fuera construyéndose a imagen y semejanza de las injustas sociedades anglosajonas presididas por la idea del sálvese quien pueda.
Es fácil llegar a la conclusión de que durante los años de gobierno popular en la Comunidad Valenciana hubo una grave dejadez de funciones en materia sanitaria del control que debería haberse hecho sobre los hospitales concertados privados a los que se les concedió gratis la atención sanitaria de miles de valencianos y sin ningún control por parte del Consell. Quedamos a la espera de las explicaciones de Isabel Bonig.
