20 de marzo de 2017
20.03.2017

España 2017: ¿Apuntillará la corrupción el régimen que alumbró la transición?

19.03.2017 | 21:16

No resultaría extraño que sucediera si como acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas –aún manteniéndose en el segundo de las preocupaciones de los españoles– ha crecido durante el último mes más que el paro llegando al 37,3%. Una noticia de especial celebración por el componente moral que aporta al cambio, de mayor calado pedagógico que una convocatoria electoral al uso democrático. Inimaginable ha sido que desde la aprobación de la Constitución en 1978 hasta hoy se hayan registrado más de 180 casos de corrupción política repartidos por todos los niveles del Estado: desde los Ayuntamientos a la Casa Real pasando por Diputaciones Provinciales y Gobiernos Autonómicos. Latrocinios todos que una revista especializada estima que han costado a las arcas públicas más de 7.500 millones de euros hasta el 9 de febrero del pasado año. Una lacra que al acordar la Transición nadie presagiaba se iba producir y que no se merecían ni el círculo de los reformistas del régimen de Franco ni el de los opositores a la dictadura que pasaron de considerarse enemigos encarnizados a convivir como adversarios políticos. Sin embargo la configuración de la nueva democracia en base a las mayorías absolutas obtenidas por los socialistas y los populares que configuraron el bipartidismo –en un contexto cultural heredado de la dictadura entonces aún presente por la mayor resistencia al cambio que el ideario político– contribuyó a favorecer el fenómeno de la corrupción política que llegada hasta nuestros días. Sin haber compartido valores resulta difícil comprender, entre otros desvaríos, que la acción legislativa de socialistas y populares se volcara en la defensa de la independencia del poder judicial, el tercer poder de una democracia fetén.

Que a día de hoy el Fiscal General del Estado, del que depende el de Anticorrupción, lo designe el Gobierno de turno; y que un agente extrajudicial del tamaño de la Agencia Tributaria torpedeara la instrucción del caso Nóos en el que figuró inculpada la infanta Cristina de Borbón –por solo citar una norma antigua y un comportamiento reciente– cuestionan sobradamente la calidad de la democracia surgida de aquella Transición bautizada de modélica; y de hasta exportable por las cúpulas del bipartidismo. Lógico que a la apariencia de lodazal político que semeja el actual panorama haya contribuido decisivamente la quiebra del bipartidismo. Los socialistas se han partido en tres corrientes desde que su Comité Federal destituyera "a la brava" –así se calificó el procedimiento utilizado por algunos de los delegados presentes en el acto– al último secretario general, el primero elegido en unas primarias. Y los populares con sus innumerables casos de corrupción a cuestas en las dos últimas legislatura han llegado a la actual coronando la serie con la presunta financiación ilegal del propio partido. Peor imposible. ¿Se alborotará en su tumba el fundador, un reformista del franquismo muy moderado que se llamaba Manuel Fraga si los jueces actuales sentencian la financiación ilegal del partido que sucedió a su bien amada Alianza Popular?

Los populares españoles, sin embargo, no están solos en el hasta hoy último trance judicial, les acompañan nada menos que los convergentes catalanes acusados a su vez de financiar ilegalmente a la organización promovida por Jordi Pujol, otro fundador de prosapia que también se encuentra investigado por corrupción. Pero difícil de imaginar es que después de compartir ambos partidos el gobierno del Estado cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad? y de enfrentarse a muerte por el futuro de Cataluña –los populares defendiendo el orden constitucional barnizado de un españolismo centrípeto a rabiar y los sucesores del Pujol postulando el independentismo radical– se encuentren ambos al final de sus días. En cambio para el resto del país el problema principal será la persistencia del malestar social será la realidad que acompañe a la suerte de los indignados contra la corrupción. Según el Informe España 2017 de la Comisión Europea, recientemente publicado, el 13,1 % de los españoles está hoy en riesgo de pobreza, el mayor índice de la Unión Europea. Dicho esto, la erradicación de la corrupción y la desigualdad corresponderá principalmente a los nuevos actores del cambio.

Los que como se indicó al principio no son otros que las generaciones que no pudieron votar la Constitución de 1978 por no tener la edad legalmente requerida. Suman el 64% de la población actual, dos de cada tres. Nada menos. La conquista de la decencia les pertenece.

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