Cambio de gobierno, cambio de ley educativa. Esta frase resume perfectamente lo que ha sucedido en España en los últimos treinta años. Si ha habido una queja unánime y permanente en el tiempo en España, ésta ha sido la falta de estabilidad en las leyes educativas. Cada nuevo ministro de Educación creía tener la solución mágica para acabar con los muchos problemas que presentaba el sistema educativo español, y por lo tanto legislaba una reforma educativa. Con la llegada de la nueva legislatura, a finales de 2016, se creó una subcomisión en el Congreso de los Diputados encargada de redactar un documento que sirviese al Gobierno para legislar una futura ley educativa fruto del consenso. Con la falta de mayorías políticas claras en el Parlamento español parece ser que se ha abierto la posibilidad de llegar al tan necesario pacto educativo, haciéndose de la necesidad virtud.

El Gobierno se puede equivocar si tan sólo busca un pacto político entre partidos, pues aunque éste es muy importante, no lo es menos el pacto social e incluso el territorial; la mayoría de las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas. Si las asociaciones de padres y madres, y del alumnado no logran también llegar a acordar las cuestiones que más enfrentamientos dialécticos provocan en la sociedad, se legislará una nueva ley con escaso apoyo social. Además, resulta imprescindible el convencimiento por parte de los profesores y profesoras de que los cambios introducidos son necesarios y positivos para combatir los males que aquejan al sistema educativo. Sin el apoyo del profesorado, es imposible que una ley educativa acabe plasmándose en el día a día de las aulas. Los profesores, como dice la pedagoga Beatrice Ávalos, son los verdaderos «reconstructores de las reformas» y sólo si participan de una manera intensa en el proceso de acuerdo interiorizan los cambios convencidos de su conveniencia.

Uno de los primeros comparecientes en la anteriormente mencionada subcomisión para el pacto educativo fue el exministro Ángel Gabilondo. Nunca se estuvo tan cerca de un consenso absoluto -político y social- en educación como durante su etapa ministerial, siendo el principal enemigo de aquel frustrado acuerdo de 2010 la cercanía de unas elecciones generales que presagiaban un cambio político con mayoría absoluta. Por lo tanto, la cuestión temporal es sumamente importante, es el ahora o nunca. Si queremos llegar a una ley educativa consensuada tenemos que hacerlo antes de que se vislumbre en el horizonte cualquier tipo de elecciones. Tenemos que buscar el acuerdo de una forma incansable, pero siendo conscientes de que éste será mucho más factible al principio de la legislatura. Para ganar tiempo sería muy positivo partir de una base sólida, de aquel acuerdo de hace menos de siete años que, aunque no se llegó a firmar por motivaciones políticas, sí que aunaba la totalidad de las voluntades del momento. Como diría el propio Gabilondo, habría que pensar menos en elecciones y más en generaciones. Si hay algo que merece un pacto es la educación.