«Sí, los franco-canadienses soportan una vida dura: cuando menos, se defienden e incluso, a veces, atacan. Juegan con buenas cartas». Henri Lefebvre (1970)

Rajoy declarará ante la Audiencia Nacional por el dinero negro del PP. La crisis es política. Del PP, en su descrédito y del PSOE, en sus primarias. La crisis valenciana se encrespa por la crisis de España. Después de cuatro lustros de Consell conservador, la oportunidad de cambio se percibió en las elecciones de 2015. Consecuencia de la crisis económica y social, el fin del bipartidismo (PPCV y PSPV) dio lugar a una alianza de signo progresista que se tilda de gobierno tripartito y composición a dos bandas. Como ocurrió en el pacte del pollastre de 1995, entre PPCV y Unió Valenciana, propiciado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y José María Jiménez de Laiglesia (CEV).

Catarsis. La crisis española está servida. La corrupción en el PP y el contencioso entre Catalunya y el Estado español son amenazas para la estabilidad que surgió de la transición. El espejismo de crecimiento insólito no eclipsa la debilidad del gobierno de Mariano Rajoy. Se ha llegado demasiado lejos y la responsabilidad no se extingue despidiendo ministros culpables ni apelando a la «salvación nacional».

La crisis valenciana está necesitada de catarsis. Crisis es dificultad y catarsis, clarificación. El Consell de la Generalitat que resultó del pacte del Botànic en 2015 tiene que discernir y decidir. Está en la recta final, a dos meses del ecuador de legislatura. Con el compromiso de ofrecer a sus electores la imagen, refrendada por los hechos, de que la Comunitat Valenciana se transforma hacia un país con voluntad de serlo.

Está en juego el porvenir de las nuevas generaciones. Necesitamos saber de qué y cómo se va a vivir en la CV en los próximos 25 años. Si no se disipa esta incógnita, crecerán las formaciones políticas calificadas de radicales y populistas. Ya es curioso que los más intolerantes con los llamados populismos -los hay decentes e indecentes- sean el Partido Popular y el PSOE. Democracia, demagogia y populismo van de la mano. Tiren piedras quienes no hayan pecado. La otra opción es totalitaria.

Temas candentes. La Comunitat Valenciana tiene cuestiones sin clarificar. Sigue el enfoque perverso -valenciano versus inglés- de lo que se conoce como lengua autóctona, clave identitaria de un pueblo que tiene el sagrado mandamiento de transmitirla consolidada a las generaciones siguientes. La recomposición del Consell Jurídic Consultiu, de dudosa necesidad, se ha quedado en diferencias, dicen, por paridad en su composición entre hombres y mujeres. Si sus consejeros han de ser consejeras por su idoneidad, que lo sean, pero los valencianos no pueden estar condicionados por un organismo trasnochado, cuando de él depende el acervo jurídico y legislativo de la Generalitat.

Las Cámaras de Comercio -bloqueadas y pendientes de un proceso electoral- que son las únicas entidades económico-empresariales definidas y estables, permanecen sin reglamento de funcionamiento, con una Ley de Cámaras que aprobó a su gusto in extremis el PP cuando vio que perdía el poder en 2015. Las Cámaras de Comercio de la CV, algunas de ellas al borde del colapso -está anunciada la dimisión de los órganos de gobierno de la Cámara de Alcoi- necesitan despejar su situación y su forma de operar. El conseller Rafael Climent tiene la palabra. La crisis organizativa del mundo empresarial obliga a tomar decisiones.

El sistema sanitario valenciano, en manos de la consellera de Sanitat universal, Carmen Montón, tiene que dejar de ser una jaula de grillos que ocasiona desazón en los pacientes y desmotiva a miles de profesionales sanitarios. ¿La sanidad pública eficiente es compatible con los intereses privados? Hay que actuar con firmeza en las entidades concertadas como el Instituto Valenciano de Oncología con puertas giratorias, donde reina la familia Llombart, que promociona a sus parientes como conseller, les regala sobresueldos y contrata a sus consanguíneos y conocidos. Al tiempo, los patronos discrepantes -Vicente Simó Sendra y José María del Rivero- son depurados. Las filtraciones periodísticas sobre el futuro del IVO provocan incertidumbre y malestar. Urge una catarsis en la sanidad para garantizar que el destino del dinero de los valencianos se controla con rigor. Más del 90 % de los ingresos del IVO son públicos.

Desde los inicios de la legislatura está anunciada la emisión de Televisión Valenciana que ya tiene presidente y directora general, Empar Marco. La Comunitat Valenciana merece una televisión digna, vertebradora y de calidad, cuya lengua prioritaria sea la valenciana. El proyecto es complejo. Para desarrollarlo se necesita consenso político y los mejores profesionales, especialmente en la vertiente periodística, responsable de que el flujo informativo responda a los intereses de la sociedad con veracidad e independencia. Nada es fácil.