Clarifiquemos la concertada

Con este artículo pretendo aclarar algunos malentendidos y lugares comunes que creo que existen entorno a la enseñanza concertada. Tengo la convicción de que mis argumentos servirán para mostrar la necesidad de esta, siempre y cuando, claro, nos acerquemos a ellos libres de los prejuicios que tanto entorpecen la búsqueda de la verdad. Como diría el filósofo Julián Marías: “Las doctrinas falsas suelen buscar la imposición, las verdaderas prefieren justificarse”.

Soy, además de profesor, padre de dos chicos de 11 y 14 años que acuden al mismo centro en el que trabajo. Se puede decir, por lo tanto, que conozco bastante bien la realidad de la que hablo. Tanto para mí, como para su madre, la educación de estos no consiste únicamente en la adquisición de unos conocimientos en algunas asignaturas. No, la educación es mucho más. Tenemos claro que de su educación debemos encargarnos principalmente nosotros. Pero consideramos muy importante que puedan acudir a un centro cuyo ideario sea coherente con el conjunto de valores que queremos transmitirles y que, por cierto, el centro hace explícito a través de un ideario que cualquiera puede consultar en su página web.

En el artículo 27 de la constitución puede leerse que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Eso es, lo que a mi juicio, los poderes públicos han estado garantizando mediante el mantenimiento de los conciertos. Mediante estos se ha dado la posibilidad a los padres de poder elegir entre modelos educativos diversos. En resumen, el apoyo o no que se brinde a la enseñanza concertada no es un capricho de los gobiernos de turno, sino un servicio público que viene a cumplir con uno de los derechos básicos que recoge nuestra Constitución.

Hay muchas palabras que, utilizadas desnudas, sin más matizaciones, remiten a un conjunto de significados que pueden diferir enormemente según la persona que las procesa en función de las vivencias que esta haya ido atesorando a lo largo de su vida. Un ejemplo de este tipo de palabras son los adjetivos público y privado. Suele argumentarse que las administraciones no deberían destinar el dinero público al sostenimiento de entidades privadas. Esta argumentación, a mi juicio es errónea, porque ni el dinero es “público”, sino que proviene de los contribuyentes (manos privadas), entre los cuáles hay muchos que optan por la enseñanza concertada, ni las entidades son tan “privadas” como parece pues como ya hemos dicho ofrecen un bien público exigido por la constitución. Además, tal y como afirma la Plataforma por la Libertad Educativa: “ninguna ley española ni europea impide que un servicio a los ciudadanos, financiado con los impuestos que éstos pagan, pueda ser prestado desde la gestión privada del mismo”.

Otro de los significados a los que la palabra privado remite es al lucro que unas determinadas personas, muchas veces despreciadas con el término “los empresarios”, puedan obtener. Bien, clarifiquemos también este asunto. Hablaré del centro en el que yo trabajo, porque es el que conozco, pero estoy prácticamente seguro que lo que diga de él podría extrapolarse al resto de centros concertados. Lo primero que deberíamos hacer es agradecer a las titularidades privadas de estos centros que accedieran en su día a poner al servicio de la sociedad unas entidades educativas que eran en la mayoría de los casos completamente autosuficientes económicamente. De este modo posibilitaron la universalización del acceso a la educación en España, en una época, además, en la que no había suficientes infraestructuras públicas para ello. De bien nacido es ser agradecido dice nuestro refranero. Lo segundo que haré es decir que ninguno de los centros concertados en que he trabajado (tres en concreto) he visto que estuvieran destinados al lucro personal de las entidades privadas que los poseían, más bien al contrario, pues el posible rendimiento positivo de su actividad económica he visto que lo reutilizaban en la mejora de unas infraestructuras que ponían luego a disposición del conjunto de la sociedad. ¿Cuál es el porqué de su existencia entonces?, se preguntará el lector. ¿Qué buscan con sus centros educativos? Bien, digámoslo sin tapujos: buscan la mera transmisión de un mensaje con la educación como medio privilegiado. Por cierto, un mensaje que, como he dicho antes, no ocultan y que las familias aceptan libremente.

El tercer equívoco que me gustaría desenmascarar en relación al argumento al que antes he hecho alusión, tiene que ver también, con cuestiones económicas. Es una cuestión económica que también pondrá de manifiesto una falta de igualdad y justicia flagrante. No son pocas las voces que he oído decir que sería un fraude para el contribuyente dar dinero a la escuela concertada cuando hay plazas en la pública. Esta afirmación mucha gente la toma como un axioma prácticamente irrefutable. Pero... ¡ya lo creo que admite refutación!

Antes de nada vamos a mostrar bien a las claras unas cuantas cifras que clarifiquen el asunto. Mucha gente piensa que el mantenimiento de este tipo de educación supone un gasto doble para la administración pública, cuando la verdad es, justamente, lo contrario. Ayer pude leer en la Vanguardia un artículo, cuyo titular resultaba algo confuso, en el que se decía que el gasto que supone para una familia la enseñanza concertada según la OCU supone un 250 % más que el de la enseñanza pública. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo, porque las familias tienen que hacerse cargo, vía por ejemplo donaciones, de la diferencia que produce el trato discriminatorio de la administración pública, que destina una menor asignación de fondos a este tipo de educación, estimándose que el coste por alumno en la pública le cuesta al Estado unos 5.000 € mientras que en la concertada es de 2.500 (el 50 %). Al respecto puede consultarse la página http://educalab.es/-/cuentas-y-cuentos-el-gasto-por-alumno. Por otro lado, cuándo se habla de fraude al contribuyente, ¿a qué se refieren? Porque yo soy contribuyente, y considero mucho mayor fraude que obliguen a mis hijos a educarse en el centro que el estado dictamine, contraviniendo con ello el mencionado artículo 27 de la constitución, que se gestionen mal los recursos. Por otra parte, sí considero un fraude que se gestionen mal los recursos: es un fraude que se construyan centros públicos donde no son necesarios por tener satisfecha la demanda social con centros concertados, y es un fraude destinar dinero a una educación no demanda por la sociedad. Si la enseñanza concertada no la quisiera la sociedad, sería un fraude destinar a ella fondos públicos, pero… ¡eso no es así! Es obligación de unos poderes públicos atenerse a las leyes y estas dictaminan, a Dios gracias, que el estado debe garantizar la pluralidad educativa, lo que a mí, como demócrata convencido, me llena de tranquilidad.

Recuerdo nítidamente, pese a los más de diez años que han transcurrido, el momento terrible de solicitar una plaza en el centro al que acuden mis hijos. Para mí no fue especialmente traumático, pues al ser trabajador del centro, contaba con un buen colchón de puntos. Pero para la mayoría de los padres fue un momento angustioso. Tristemente, muchos no pudieron escolarizar a sus hijos en el centro de su elección y tuvieron que optar por otras posibilidades, algunas de las cuales eran colegios públicos. Incluso sé de algunos amigos míos que al final ni siquiera lo intentaron, pues pese a estar muy interesados, sabían que no tendrían los puntos suficientes. Esta llamada “demanda social”, lejos de decaer, se ha mantenido. Las clases de cuarto de la ESO del presente curso tienen muchos alumnos (yo fui tutor de una de ellas el año pasado), y aproximadamente unos 35 alumnos podrían verse obligados a cambiar de centro pese a querer seguir estudiando aquí si las alegaciones que se presentan ahora no surten efecto. La verdad es que tengo esperanzas de que sí surtan efecto, pues la señora Mónica Oltra afirmó que “Ningún niño que haya empezado en un concertado tendrá que cambiar de colegio”, y este colegio, señora Oltra finaliza su educación en segundo de bachillerato.

Se acusa a la enseñanza concertada de ser elitista, de ser una educación para privilegiados, pero sinceramente, no se entiende bien cómo podría serlo, pues sigue exactamente los mismos procesos de admisión que sigue cualquier centro sostenido con fondos públicos y que viene determinado por criterios claramente establecidos. El tipo de alumnado que tiene la enseñanza concertada depende de cosas como la ubicación y el tipo de familias que solicitan el acceso, pero nunca del capricho de los centros. Es más, si se comparan los institutos, colegios y centros de FP de zonas próximas se puede ver que el alumnado es muy similar. Yo mismo he sido profesor de alumnos que provenían de colegios públicos cercanos al mío y lo he podido comprobar durante muchísimos años. Hay que decir, por otro lado, que no son pocos los centros concertados que dan servicio a los estratos más desfavorecidos de la sociedad. Para mí no sería nada difícil proporcionar ejemplos concretos.

Los poderes públicos pretenden justificar la supresión de aulas concertadas de bachillerato argumentando que estos estudios no son obligatorios. Pero, como se pregunta Nacho Ballesteros, profesor del mismo centro que yo, ¿de verdad pueden considerarse en pleno siglo XXI en un país moderno la FP y el bachillerato no obligatorios? La respuesta a esta pregunta es sí si nos referimos a la obligatoriedad de que los alumnos cursen estos estudios, pero debería ser no cuando nos referimos a la obligatoriedad de que la Administración sostenga con sus fondos, obtenidos de nuestros impuestos, la posibilidad de que los alumnos que quieran puedan seguir formándose.

Para algunas Administraciones, la enseñanza concertada, según el principio de subsidiariedad, sería solamente necesaria en tanto en cuanto la pública no pudiera cubrir la demanda de plazas educativas. Sin embargo, este principio ya ha sido explícitamente rechazado en una sentencia del Tribunal Supremo. Como escribe Jesús Pueyo en un artículo publicado el 9 de julio de 2016 en ABC: “El Alto Tribunal analiza en su escrito el denominado «principio de subsidiariedad», fundamento esencial de la iniciativa de la Administración. Y, para aquellos que aún están dudosos, quizá todavía convencidos por el poder de la afirmación que nos lleva a escribir estas líneas, el Supremo dictamina que «no resulta de aplicación el principio de subsidiariedad en relación con la enseñanza concertada (...). Esa afirmación no puede compartirse porque es contraria a la letra y al espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación». Según se puede leer en la sentencia, «la Ley reguladora del Derecho a la Educación de 1985 y la Ley Orgánica de Educación de 2006 establecen un régimen dual para la prestación del servicio educativo, en lo relativo a la enseñanza obligatoria y gratuita. Es decir, el sistema pivota sobre dos ejes, la enseñanza privada concertada y la enseñanza pública». Y por si con esto no bastara para despejar las posibles dudas, léase la contundencia con la que se pronuncia: «No se otorga, en dicha regulación legal, a los centros privados concertados un carácter secundario o accesorio respecto de los centros públicos, para llegar únicamente donde no lleguen estos últimos, es decir, para suplir las carencias de la enseñanza pública».”

Ni que decir tiene que ni en sueños se me ocurriría pedir la eliminación del modelo público pues creo que da un servicio fundamental a la sociedad. Es más, creo que no deberíamos plantear una disyuntiva en términos de o pública o concertada, pues considero ambas opciones complementarias y totalmente necesarias. Para mí la disyuntiva no es más que una manipulación creada por intereses partidistas provocados por una polarización excesiva de la política española. Habría que aunar fuerzas y tanto los profesionales de un tipo de educación como los de la otra deberíamos exigir a nuestros políticos una mejor gestión de los recursos, haciéndoles huir de planteamientos ideológicos y sectarios, por un lado, o impidiéndoles dilapidar el dinero disponible a manos llenas en proyectos de importancia, cuando menos, secundaria, pues la educación supone el futuro de nuestro país y tiene una importancia principal.