Vivimos en sociedades cada día más diversas, conformadas por personas que se identifican con unos grupos y unas formas de vivir, sentir y actuar que se diferencian, cuando no se oponen, a las de otros. Esta diversidad podría ser motor de desarrollo y crecimiento personal y colectivo, pero mal gestionada nos conduce a escenarios de enfrentamiento, garantía desigual de derechos y retroceso civilizatorio. Incluso, en el peor de los casos, incentiva un odio extremo que acaba teniendo consecuencias devastadoras.
La multiculturalidad exige convivir en la diferencia y requiere un urgente compromiso social y político con la causa de la humanidad compartida y de los derechos humanos. Solo así puede contrarrestarse el vigor que están tomando los discursos encaminados a instaurar un régimen de terror que justifique la violación de los derechos. Como alertaba Zygmunt Bauman, es preciso detener ese proceso de «adiaforización» que opera especialmente contra los inmigrantes y refugiados, y por el cual eximimos de cualquier evaluación moral a las manifestaciones de racismo, xenofobia y discriminación que se dirigen contra los otros.
El análisis de la diversidad latente en el espacio público y en la cotidianidad de Europa, lejos de ser una cuestión de potencial conflicto, debe enfocarse como un desafío no resuelto. Un reto inaplazable que conlleva el debate sobre cuestiones fundamentales como el acceso equitativo al espacio público, la distribución del poder y de los recursos y las políticas liberales en diferentes ámbitos como el laboral, el educativo y el sanitario. El reconocimiento de la diversidad requiere garantías jurídicas para el desarrollo de un ámbito de autonomía y libertad personal, con especial atención a las cuestiones que atañen a la igualdad efectiva por razón de género.
La máxima de un modelo progresivo de convivencia intercultural en sociedades abiertas y plurales exige no reducir el soporte normativo al monopolio coercitivo como única precondición posible, sino más bien apostar por transformaciones sustantivas del derecho para acomodar lo diverso a los estándares internacionales de protección exigibles. Para que dicho modelo sea posible, hay que ser conscientes de la necesidad de una acción conjunta que entienda la diversidad como un valor positivo para hacer frente común a la denominada por Ulrich Beck como «sociedad del riesgo», que menosprecia al ser humano.
Para abordar éstas y otras cuestiones que contribuyan a una gestión de la diversidad, potencien la convivencia pacífica y garanticen los derechos humanos, con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, un grupo de expertos procedentes de Canadá, Perú, Reino Unido, Francia, Italia, Grecia y España, nos reunimos hoy y mañana en la Facultat de Dret, en el III Congreso Internacional Multihuri sobre derechos humanos, diversidad y convivencia (I+D+i DER2015-65840-R, Mineco/Feder). Ésta es una oportunidad de reflexionar, desde el convencimiento, como propone Axel Honneth, de que la ciudadanía debe tomar consciencia de su capacidad para mejorar la sociedad junto a una teoría crítica que tiene ahora la obligación moral del optimismo.
