Vivimos indignadas, sobresaltadas e impotentes ante los constantes asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, perplejas de que el Gobierno no tome medidas realmente efectivas. Somos más de la mitad de la población, arrastramos una situación de discriminación histórica que emana de todo tipo de estructuras, incluidas las sociales, y de los roles asignados a mujeres y hombres.

Sabemos que firmar un pacto estatal contra la violencia de género sin la dotación presupuestaria suficiente es hacerlo a sabiendas de que nace muerto. Ellos también. Sin embargo, nuestro Gobierno no compromete medios imprescindibles para hacer posible la igualdad real, ni para paliar sus terribles consecuencias. Eso sí, cada vez que se produce un acto de terrorismo machista, los representantes gubernamentales hacen pomposas declaraciones. ¿Pero de qué sirve negociar una batería de medidas que no tendrán dotación presupuestaria suficiente?

Es más, si ahora se habla de pacto de Estado cabe atribuirlo, en buena medida, a las miles de mujeres que se manifestaron en Madrid el 7 de noviembre de 2015, para exigir que esta violencia se considerase una cuestión de Estado y se actuase en consecuencia. Porque la violencia de género no se va a solucionar con una mera declaración de intenciones y unas cuantas medidas dispersas, porque tiene un carácter estructural que se enraíza en la desigualdad entre hombres y mujeres.

Urge dar respuesta a las situaciones angustiosas que están viviendo demasiadas mujeres y menores, es responsabilidad de toda la sociedad exigir al Gobierno que salvaguarde su integridad física y psíquica.

Enfrentar la violencia implica que todas las instituciones (educativas, legislativas, sociales, sanitarias, de recaudación?) impulsen políticas de igualdad que superen lo declarativo, necesitamos un conjunto de medidas que afecten a todas las administraciones y que impregnen a toda la sociedad. Es imposible corregir esta situación de desigualdad generalizada sin rastrearla en nuestras políticas educativas o sin analizar críticamente con voluntad de intervención la posición de las mujeres en el mercado de trabajo.

La desigualdad que nos violenta permanecerá impasible mientras nuestro sistema productivo se beneficie de la discriminación salarial de género, la infrarrepresentación en los puestos de toma de decisiones, la discriminación sectorial o las dificultades de acceso y mantenimiento de los puestos de trabajo. Mientras el presentismo y la ausencia de corresponsabilidad en los cuidados sean la norma.

Gobernar para toda la sociedad consiste en aplicar medidas desiguales ante situaciones desiguales, exige valentía para tomar medidas que desincentiven relaciones sociales discriminatorias, violencias cotidianas cuya consecuencia última es el asesinato incesante de seres humanos por haber nacido mujeres. De nada sirve la igualdad reconocida en el sistema legislativo, si se no ponen los medios y se aplican las medidas adecuadas para desarrollarla. Por todo esto y por todas las violentadas, un grupo de mujeres a título individual o procedentes de diferentes organizaciones, convoca una acción reivindicativa el próximo lunes, 19 de junio, en los ayuntamientos.

El movimiento feminista convoca a hacerse presentes en los consistorios, como Administración más cercana a la ciudadanía y solicitar que hagan suyas las demandas del movimiento feminista respecto a las violencias machistas. Este lunes se producirá una exigencia descentralizada en cientos de pueblos: que se aumente a 120 millones de euros la asignación presupuestaria destinada al pacto estatal contra la violencia de género. Desde CC OO-PV apoyamos esta campaña y animamos a participar a toda la clase trabajadora en las acciones que se lleven a cabo en los diferentes ayuntamientos donde haya previstas acciones. #VamosporTodas