El PP ha descubierto la palabra mágica para contaminar el debate, el necesario y sano debate, sobre el plurilingüismo educativo: imposición.

Usada cínicamente por el partido más autoritario que se conoce, y coreada por su marca blanca —Ciudadanos— está siendo muy útil para orquestar una perfecta maniobra de la confusión. El diccionario de la RAC dice de la palabra imposición: «Exigencia desmedida con que se trata de obligar a alguien». Pues bien, según esa definición, el Decreto de Plurilingüismo, de 2017, nada tiene que ver con ella. Cualquier familia que no desee que el valenciano sea la lengua más importante en la educación de su hijo o hija tendrá siempre a su disposición un centro alternativo donde se imparta un Programa d´Educación Plurilingüe Dinámico nivel básico (o, incluso, en algún caso, intermedio).

Dicho esto, y más allá del debate técnico de los títulos oficiales (A1, A2, B1, B2, C1€), el problema no es la imposición, sino la imposibilidad real de garantizar un cierto plurilingüismo eficiente (igualdad competencial en castellano y valenciano y competencia funcional en inglés) entre los escolares actuales, y futuros, si no siguen niveles plurilingües dinámicos avanzados. Cosa que oculta el bloque imposicionista (PP, Cs y las entidades y medios que le hacen el juego), es decir, las familias deben saber que sin seguir niveles óptimos sus hijos e hijas no desarrollarán las mismas competencias multilingües que sus conciudadanos y eso, alguien lo debería explicar, tendrá consecuencias de futuro cognitivas, formativas, profesionales y sociocomunicativas.

Estar en contra de la correcta formación en las dos lenguas oficiales y en la lengua franca internacional —y los demás contenidos curriculares— no debería formar parte de la maleta de prejuicios lingüísticos y culturales —cada uno tendrá los suyos— que proyectamos sobre nuestros hijos. El plurilingüismo educativo es la respuesta coherente y normal que debemos dar a nuestra realidad de riqueza y oficialidad idiomática propia de un país europeo. Exijamos que se haga bien, de acuerdo con las recomendaciones pedagógicas, psicolingüísticas y sociolingüísticas que se conocen contrastada y sobradamente en nuestro entorno internacional desde hace más de treinta años, pero no lo impidamos destructivamente.

Por eso, el irracional pseudomantra de «¡No a la imposición!» es la forma más cómoda e irresponsable de no abordar otros debates legítimos y necesarios: la formación idiomática y metodológica del profesorado; los recursos imprescindibles para implementar metodologías de integración de lenguas y contenidos; las políticas extraescolares que fomenten el multilingüismo social, sobre todo en valenciano e inglés, etcétera.

Acabaré pidiendo, casi rogando, a las mentes más lúcidas del PP, Cs i entidades de la comunidad educativa que no sigan por el camino de la farsa impositiva. Eso es perder el tiempo, perder energías y poner en el centro del debate del necesario plurilingüismo para nuestros niños y jóvenes el argumentario colectivo más mediocre, socialmente descohesionador y lamentable que se pueda imaginar.