Hace dos años conseguimos desalojar al PP del Govern de la Generalitat, hecho que, por sí mismo, se presentaba como una necesidad histórica: la de echar de las instituciones a aquellos que las saqueaban a la vez que nos recortaban derechos y vendían los servicios públicos. La corrupción iba mucho más allá de conductas individuales e incluso de la propia actividad mafiosa de un partido, era una forma de gobierno consolidada que, lejos de ser fruto de un caos institucional, formaba parte de un determinado orden político, económico, social y cultural que cada gobierno del PP se encargaba de profundizar.
Mucho se ha desarrollado sobre este modelo puntero exportado a todo el territorio basado en redes clientelares, el ladrillazo, empleo precario, los recortes y un modelo de vida resumido en el «cualquiera puede hacerse rico» complementado con un mensaje regional-victimista que conectaba identidad y bienestar con turismo, ocio y grandes eventos. Romper con la continuidad del PP en las instituciones era una necesidad que suponía, a priori, frenar la reproducción y profundización de este modelo y, en ese sentido, la investidura de Ximo Puig como president era ante todo un freno de emergencia, un imprescindible fer fora la mafia.
Sin embargo, para Podem, este frenazo no debía ser sólo una necesidad histórica, sino el necesario primer paso de un cambio de modelo: del país de la precariedad, la corrupción y el pelotazo, hacia un país de derechos, bienestar y cuidado. Para Podem se trataba de la necesidad de cimentar otro proyecto de país. Y es precisamente esta vocación de cambio nacida de las plazas la que nos obliga, a día de hoy, a evaluar hasta qué punto el Consell está cumpliendo su función de establecer los mimbres de un modelo político, social, económico y cultural alternativo al del PP. Hasta qué punto está significando mayor calidad de vida, mejores servicios públicos y más derechos para los y las valencianas, cuál es el estado del país real tras dos años de gobierno.
Y es en este momento de mitad de legislatura cuando toca hacer balance, no nos podemos escudar en la lentitud de las instituciones para no reconocer que el cambio se está quedando corto. Tampoco, recurrir a una comparativa con el saqueo del PP valenciano para no señalar que su modelo socio-económico sigue intacto y sin una propuesta alternativa por parte del Consell. Dicho de otro modo, el «nosotros no robamos» no puede ser una excusa ante los trascendentales retos que el País Valenciano tiene por delante. Hay que empezar a reconocer que hay cosas que no se están haciendo bien, y que amplios sectores que en su día apoyaron o miraban con simpatía este gobierno hoy contemplan con decepción cierto continuismo o tibieza con las prácticas y las líneas maestras que dejó marcadas el PP.
Pero no es sólo una cuestión de falta de escucha, de ser novatos o de mala gestión en ocasiones, también es de dirección política. Si queremos un país de derechos, necesitamos que el Consell sea más valiente y se atreva a confrontar con la línea de flotación del modelo del PP: el modelo productivo. No podemos seguir a la deriva de un turismo de baja calidad, cuya cara b se nos muestra en forma de explotación, precariedad, temporalidad y en definitiva, la imposibilidad de realizar proyectos de vida digna para nuestra gente. Por otra parte debemos ser conscientes de que seguir siendo dependientes de los vaivenes de la construcción es dirigirnos económica y medioambientalmente a un callejón sin salida.
El cambio de modelo productivo no solo es imprescindible en clave de derechos y de futuro, sino que tiene implicaciones en todos los aspectos de la política valenciana, no hay que olvidar que la burbuja y su relación con las instituciones han sido los cimientos y el cemento del proyecto cultural hegemónico del PP. Teniendo en cuenta que los cambios de modelo productivo llevan años (el del PP se lleva conformando desde antes de que llegaran al poder) el Consell debería estar dedicando muchos más esfuerzos para invertir en modelos productivos sostenibles, respetuosos con nuestra tierra, garantes de los derechos de nuestra gente y, sobre todo, capaces de sustituir la lógica de hacerse rico a toda costa por la centralidad de los cuidados y la vida digna. Es en esta batalla donde el cambio se juega prácticamente todas sus posibilidades, donde todas las luchas culturales que se están llevando a cabo se consolidan y cobran un nuevo sentido. Y es precisamente esta batalla, la que no se está dando, o al menos no con la suficiente convicción y recursos.
No hacer cambios estructurales respecto al modelo del PP, no disputarle el modelo de país, ni poner las bases de un modelo alternativo con vocación hegemónica y, por tanto, irreversible, no sólo es desaprovechar la oportunidad histórica y desoír el mandato del 24 de mayo; es la mejor manera de facilitar el regreso del Partido Popular al poder. Si no se consigue en este periodo de excepción construir un modelo alternativo más deseable y eficaz que el modelo del PP, la ventana de oportunidad surgida como sinergia entre el castigo de la corrupción y el terremoto político del 15M puede estar cerrada décadas.
Ante esta situación necesitamos confrontar con el modelo corrupto del PP y apostar sin fisuras por ese nuevo país que está naciendo, que lucha por vertebrarse y por construir una alternativa de derechos ante la depredación neoliberal. Un país que no sueña con obras faraónicas porque sabe que su grandeza reside en el cuidado de su tierra y su gente, de su bienestar y sus derechos. Un país que no se conforma con no tener corruptos, sino que pide cambio.
