Han pasado más de tres décadas desde la entrada en vigor de la Llei d´Us i Ensenyament del Valencià promulgada por el primer gobierno del socialista Joan Lerma y el valenciano vuelve a estar en el centro del debate político como un elemento de confrontación, que es lo peor que puede ocurrir con la principal seña de identidad de un pueblo.
Tanto el Ejecutivo autonómico que preside Ximo Puig como la oposición encabezada por Isabel Bonig han puesto de su parte en este escenario de combate en el que se ha convertido la lengua.
Durante la mayor parte de los 20 años de hegemonía política del Partido Popular, el valenciano fue relegado al mínimo legal, a una presencia regulada en la escuela y en la universidad y a una condición subsidiaria en la Administración. Hasta que en agosto de 2012, hace ahora cinco años, María José Catalá, consellera de Educación del gobierno de Alberto Fabra, llevó al pleno del Consell la primera norma sobre plurilingüismo de la Generalitat, estableciendo dos líneas paralelas, con el castellano y el valenciano en plano de igualdad, y el inglés que reclamaban los padres y los tiempos como complemento de la formación.
El objetivo de aquel decreto sobre plurilingüismo era el mismo que el que un lustro después ha visto la luz de la mano del presidente Puig y el conseller Vicent Marzà: que al terminar las etapas de la educación obligatoria, los escolares se gradúen con conocimientos suficientes y acreditados de valenciano, castellano e inglés.
La propuesta plurilingüe del PP se quedaba corta para los partidos que respaldan al actual Ejecutivo valenciano. Cuando accedieron al gobierno autonómico, PSPV-PSOE, Compromís y Podemos consideraron que el modelo popular había fracasado por poco ambicioso, ya que el conocimiento de idiomas al finalizar la etapa obligatoria era del 100 % para el castellano, el 30 % para el valenciano y el 6 % para el inglés.
El nuevo plan para el uso y la enseñanza de los idiomas en la escuela veía la luz en enero pasado estructurando el aprendizaje en tres escalas de plurilingüismo, básico, medio y avanzado, con seis subescalas, que cada centro docente tendría que elegir, y que entraría en vigor en septiembre próximo sólo en las aulas de 3 años, extendiéndose en cursos sucesivos.
La polémica envolvió rápidamente una de las propuestas principales: habría más inglés a medida que hubiera más valenciano en los horarios. Mientras en los centros docentes las votaciones se produjeron con normalidad y en cada lugar se eligió la subescala deseada, en el ámbito político se desató una tormenta que todavía dura y que ha desembocado en recursos, autos, sentencias y agrios enfrentamientos entre partidos que han logrado ensombrecer el comienzo del próximo curso. El PP, desde su gobierno de la Diputación de Alicante, y organizaciones políticas y sindicales conservadoras, como CSIF, ANPE o Vox, han logrado con iniciativas judiciales frenar algunos aspectos de la reforma, mientras otros han sido validados por los jueces. Curiosamente, el Ministerio de Educación se dio por satisfecho con las explicaciones facilitadas y se mantiene al margen.
El Gobierno autonómico tiene toda la legitimidad para legislar y fomentar el mayor uso del valenciano y la enseñanza plurilingüe. Nadie debió esperar otra cosa de un Pacte del Botànic con un fuerte componente nacionalista. Pero ese impulso no puede ser a costa del castellano, lengua cooficial que también constituye un valioso tesoro cultural y que contribuye a que nuestra comunidad tenga el privilegio del bilingüismo. Iniciativas simultáneas a la reforma educativa como el requisito de capacitación en valenciano a 1.200 docentes interinos que pueden perder su plaza en septiembre; la mayor exigencia lingüística sobre el acceso a un puesto de trabajo en la Administración y algunas otras han alimentado en la sociedad la sensación de que el Consell va demasiado deprisa en unas normas, especialmente las educativas, que no deben estar condicionadas al tiempo que dura la hegemonía de un partido o una coalición y ser eliminadas por el siguiente. El nuevo líder de Podemos, Antonio Estañ, y la presidenta del PP, Isabel Bonig, coinciden en subrayar que hay comarcas de predominio lingüístico del castellano y grupos sociales concretos que no van al mismo ritmo y que pueden sentir que su gobierno, que ha de gobernar para todos, les discrimina en la escuela o en la posibilidad de ser funcionarios.
La sociedad valenciana no ganará nada si dentro de dos años cambia la mayoría gubernamental y los nuevos gestores reponen planes anteriores o crean otros nuevos. Es preferible practicar el diálogo hasta donde sea posible, alcanzar consensos y generar un clima de estabilidad en torno al valenciano, patrimonio cultural de un pueblo con dos lenguas.
