Antes de responder a la pregunta que titula este artículo, conviene plantearse algunas consideraciones previas: primera, el artículo 50 de la Constitución del 78 establece que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad». Segunda, frente a los agoreros del sistema, la mayoría interesados que vienen de lejos cuestionando el sistema de pensiones, recordar que, durante la década anterior a la gran recesión, ese mismo sistema fue capaz de crear una cuantiosa hucha. Tercera, la economía española ha recuperado sus niveles de riqueza anteriores a la crisis. Y última, los planes de pensiones privados no responden al mandato constitucional, pues son un instrumento privado de ahorro, que sólo proporcionan el derecho a lo ahorrado y al que se le suman las rentabilidades, positivas o negativas, que éstos produzcan.
Así pues, se pueden discutir detalles, pero no principios. El principio indiscutible es el que se deriva de un sistema de protección colectivo e intergeneracional. Un principio social que nos vincula y concierne a todos, que hemos asumido libremente y que debe garantizar pensiones suficientes y actualizadas. Por tanto, no caben formulaciones como los de Celia Villalobos, que sólo es capaz de aportar como solución, a un problema que no existe, una versión prosaica de la fábula de la cigarra y la hormiga.
Si nuestra economía fue capaz de pagar las pensiones y generar excedentes para la hucha con los mismos o menores niveles de riqueza que los que generamos entre todos en la actualidad, el problema no es otro que de reparto. Un problema que se da primero en la precariedad laboral y en los salarios, al perder peso respecto de las rentas del capital y los beneficios empresariales, y que tiene su posterior reflejo en unas menores cotizaciones que son, por el momento, las únicas llamadas a sostener el sistema.
Poco importa a estos efectos que tengamos bajos índices de natalidad, como tampoco importa que seamos capaces de vivir más años. Lo determinante es cuántos trabajamos y, más aún, cuánta riqueza genera nuestro trabajo. Con cifras de desempleo que superan el 17 %, ¿quién echa en falta mano de obra? Otra cosa es su cualificación. Con millones de hombres y mujeres dispuestos a venir a trabajar a un país rico, como el nuestro, ¿qué importa que las españolas tengan más o menos hijos naturales? ¿Qué sentido tiene trabajar más allá de los 65 años si tenemos más de un 30 % de paro entre los jóvenes?
Definitivamente, el problema no es de gasto ni de pobreza, es un problema de distribución de la riqueza. Para superar la desigualdad hay que dar cumplimiento a un par de preceptos constitucionales más: el que otorga a las organizaciones sindicales y patronales el derecho a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de los convenios, y el que establece la obligación de contribuir mediante un sistema tributario justo y progresivo al sostenimiento de los servicios públicos.
Vivimos en un país cuya población ha crecido mucho menos que su renta, por eso es inaceptable que el riesgo para las pensiones sea económico o de envejecimiento o de escasa natalidad. De manera que, respondiendo a la pregunta que da título a este artículo, el riesgo para las pensiones está en el éxito de una ideología insolidaria, que disfraza de libertad lo que no es más que la defensa de privilegios, codicia que enmascara intereses privados, que fomenta el miedo y sólo aporta recortes como solución; que, en definitiva, se asienta en el desprecio al principio de igualdad entre todos los seres humanos que está en la matriz de nuestra Constitución.
El riesgo para nuestro sistema de pensiones es una Europa atemorizada, fragmentada y egoísta, incapaz de defender con coraje la mejor construcción social jamás conocida: el Estado del Bienestar que ella misma creó. Pero no lo olvides, ciudadano y ciudadana, el último responsable en democracia eres tú.
