Hace 18 años UGT protagonizó importantes actos de oposición a la decisión del entonces gobierno del Partido Popular de poner en marcha una nueva fórmula sanitaria para atender a la población de la Ribera: la concesión administrativa, es decir un sistema donde la Generalitat Valenciana pagaba de los fondos públicos a una empresa privada para prestar parte de los servicios sanitarios a la población.

El 1 de abril de este año termina el contrato con la empresa privada y el actual gobierno progresista cumple su compromiso de restaurar una sanidad totalmente pública en la Ribera. Está claro que también es una decisión política, pero para UGT con una diferencia sustancial, se separa la salud, como derecho fundamental, del negocio sanitario, y con ello recordamos el lema de finales de los años 90: «con la sanidad no se negocia».

Mucho se ha escrito sobre las ventajas y desventajas de un modelo privado frente al público, y posiblemente detrás de cada opinión existan unos intereses muy concretos. El caso es que no se puede decir, con objetividad, que el modelo privado aporte ventajas para los usuarios, pero por supuesto que sí los tiene para las empresas, porque de lo contrario se dedicarían a otros negocios.

El caso es que las argumentaciones son muy sufridas y quizás haya que aprender de la experiencia y aplicar el sentido común. Cuando se puso en marcha el hospital de la Ribera, los muchos argumentos de UGT en pro de un sistema público chocaron con la simpleza de la siguiente respuesta por parte de algunos usuarios: «entendemos lo que dicen pero es que no teníamos hospital y ahora por lo menos lo tenemos».

Ahora hay un hospital, y con esa misma simpleza conviene prestar atención a algunos hechos importantes:

Primero: La gran mayoría de los trabajadores a través de sus representantes han manifestado públicamente su apoyo a la reversión al sistema público, y ellos son los que mejor conocen lo que pasa en el hospital con gestión privada.

Segundo: Las primeras medidas anunciadas por la Consellería de Sanidad son el incremento de personal en más de 300 profesionales y la ampliación y modernización de aparataje para el diagnóstico y tratamiento. Lo que demuestra que la plantilla para atender a la población era claramente insuficiente y los medios tecnológicos anticuados.

Tercero: Se esgrime como argumento la satisfacción de la población de la Ribera con la atención sanitaria recibida, pero no se dice que esa misma o mayor satisfacción se da también en los usuarios de las comarcas vecinas como Xàtiva o Gandia con un sistema sanitario totalmente público, así como en el conjunto del sistema de salud.

Creemos que no se puede dudar de que en un tema tan importante y delicado como la salud la mayor garantía solo la puede ofrecer la Administración Pública. No se trata simplemente de «curar» también hay que educar, promocionar, prevenir y tomar aquellas medidas sociosanitarias necesarias cuando no se puede hacer más. Decimos coloquialmente «los experimentos, con gaseosa», pero, por favor, con la salud no negocien.