Cuatro mujeres murieron el martes -una de ellas en Cullera- y dos más resultaron ayer heridas, víctimas de sus parejas o ex parejas sentimentales. Cuatro muertes que, sin embargo, no han provocado una reacción de nuestros políticos en campaña más allá de las genéricas condenas. ¿Habría sido igual de fría la reacción si esas cuatro muertas lo hubieran sido a causa de un atentado terrorista? Seguramente, no. Lo cual vuelve a replantear el debate sobre la trascendencia social y legal que en España se le atribuye a la denominada violencia doméstica, y que bien podría ser considerada auténtico terrorismo doméstico.
El asesino de Cullera había sido condenado el pasado 2 de enero a cuatro meses de prisión -aunque no llegó a ingresar al carecer de antecedentes- y pesaba sobre él una orden de alejamiento y la prohibición de tenencia y uso de armas. Medidas preventivas que, a todas luces, se han mostrado ineficaces en éste y otros casos. Pese al avance que en su día supuso la Ley de Prevención, parece que no termina de surtir todos los efectos deseados.
Quizá sea llegado el momento de replantearse algún tipo de reforma, dirigida a conseguir un mayor grado de disuasión de los posibles asesinos, que no lleguen a tener en ningún caso sensación de que sus hechos les pueden salir baratos. Alejando la tentación de elaborar una norma ad hoc, pero con el referente de la legislación antiterrorista, cabría discutir sobre la necesidad de endurecer penas y reforzar la protección de las potenciales víctimas, como reclaman numerosos colectivos de mujeres.
