Carlos Fabra dispone de 5 días para justificar, entre otras cosas, el origen de los fondos millonarios con los que adquirió cuatro propiedades inmobiliarias, entre ellas tres parcelas en Castelló y un piso en Madrid. Ése es el plazo que le ha dado el juez de Nules, Jacobo Pin, tras la declaración de los inspectores de Hacienda del pasado lunes.

Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, adquirieron en el periodo investigado (1999-2004) una serie de inmuebles cuya compra no ha podido ser aclarada hasta el momento, según hacen constar los peritos en su informe patrimonial. Entre estas parcelas figura una que el matrimonio adquirió en la urbanización La Coma, otra en Torre Bellver y una tercera en la urbanización Les Platgetes, donde la pareja construyó el actual chalé familiar.

En cuanto a la parcela de la urbanización La Coma, la pareja compró estos terrenos, según escritura pública de 10 de febrero de 1999, a la empresa Planning y Promociones SL. Se trata de la finca número 44 de la fase 1B del proyecto urbanístico, según consta en el informe que la Unidad Regional de Inspección de Valencia realizó en 2005. El precio de la compraventa ascendió a 9.616 euros, que «la parte vendedora declara haber recibido con anterioridad al acto» notarial. Según los peritos de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Fabra no ha podido justificar «el origen de los fondos con los que satisface el citado precio, no constando en las cuentas bancarias, transferencias o disposiciones de fondos (reintegros o cheques) que pudieran corresponder a dicho pago».

Tampoco ha podido el presidente de la Diputación acreditar de dónde le llegó el dinero con el que adquirió una parcela en la urbanización Torre Bellver. Se trata de la finca registral número 15.975, que en el año 1998 María Amparo Fernández y sus cuatro hijos ­–entre ellos la diputada Andrea Fabra– adquirieron «al 100% de la nuda propiedad y una quinta parte indivisa por un precio de 115.394 euros». Según los inspectores de Hacienda, una parte del precio de este terreno se declara «recibida», quedando aplazado el pago de 107.085 euros. Sin embargo, los peritos han detectado que «comprobadas las cuentas bancarias, no consta en ellas disposiciones de fondos que puedan considerarse aplicables al pago de dichos plazos, sin que tampoco conste justificación del origen de los fondos con los que se realizaron los pagos de esta parcela».

Los inspectores de la Agencia Tributaria han detectado la misma falta de transparencia en la compra que la familia Fabra hizo de una parcela en la urbanización Les Platgetes en el año 1998 y que costó 60 millones de las antiguas pesetas (360.607 euros).

Por último, los Fabra adquirieron, según escritura pública, un piso en la plaza de Las Salesas de Madrid en diciembre de 2002. Los inspectores especifican que el precio declarado de esta vivienda fue de 901.518 euros, «importe que la parte vendedora declara haber recibido con anterioridad». En relación con el pago de esta casa, los peritos aseguran que el mismo día de la compraventa María Amparo Fernández emitió un cheque bancario por importe de 841.518 euros. Otro cheque de Caja Madrid fue emitido a favor de la vendedora del piso por el precio restante (60.000 euros), pero una vez más «no consta el origen de los fondos con que fue emitido este cheque bancario, ya que en esa fecha no existen adeudos en cuentas bancarias» de la familia Fabra por dicho importe.