Dejar heces de perro en las aceras y parques de Càrcer ya no quedará impune. El ayuntamiento, que durante años ha recibido multitud de quejas ciudadanas por las deposiciones incontroladas, implantará un proyecto que modificará la ordenanza municipal para que, además de obligar a censar los perros y colocarles un chip de identificación, sus propietarios también los sometan a un análisis de sangre para crear un banco de datos. De este modo, cada vez que se localicen excrementos en la calle se procederá a recoger una muestra para analizarlos, con el fin de localizar a los dueños e imponerles una sanción que puede llegar hasta los 200 euros.
«Este sistema funciona en la actualidad en algunas ciudades como Xàtiva, Almussafes o Cullera y está siendo un éxito. Se trata de una medida que busca combatir las actitudes incívicas de la gente que deja las cacas en la vía pública. El chequeo genético nos permitirá saber de qué perro es y quién es el titular de la mascota. Nuestra intención es tratar de educar a la gente para que no se repitan estas conductas», ha explicado Josep Botella, alcalde de Càrcer. Las pruebas de ADN tienen un coste aproximado de 35 euros y el servicio estará gestionado por una empresa autorizada.
