Asturias es, desde ayer viernes, el primer almacén de dióxido de carbono del país, al menos sobre el papel. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que declara el área central de la región y parte del litoral como «zona de reserva provisional a favor del Estado» para la posible ubicación de «estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de CO2».
En el mismo decreto, el Gobierno central encomienda a la empresa estatal de extracción minera Hunosa que estudie el aprovechamiento de esta superficie como depósito subterráneo de dióxido de carbono.
Se trata de una medida complementaria a la aprobación del proyecto de Ley de almacenamiento geológico de carbono, acordada también en la sesión de ayer y que persigue luchar contra el cambio climático.
La captura y almacenamiento geológico de CO2 consiste en captar el dióxido de carbono emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento subterráneo y confinarlo permanentemente.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega explicó que con «este proyecto damos un nuevo paso hacia el compromiso de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20 por ciento en 2020, que se elevará a un 30 por ciento en caso de un acuerdo internacional equitativo en esta materia».
El área de la región susceptible de ser explotada como estructura subterránea para almacenar dióxido de carbono, denominada «Asturias Centro», también incluye tramos de plataforma continental próximos a la costa.
La reserva a favor del Estado tendrá una vigencia de un año, prorrogable por orden ministerial si las circunstancias así lo aconsejan.
Cuestionada por la ubicación de otros posibles almacenes, De la Vega señaló que «no están determinados los sitios». «Se está hablando con las comunidades autónomas para buscar los lugares donde se puedan establecer los centros de almacenamiento», añadió. En la misma línea, la ministra puntualizó que el Gobierno aún no sabe «cuántos» emplazamientos puede haber en España ni «dónde» estarán.
Madrid manejaba hasta ahora once posibles emplazamientos para almacenar CO2 aunque por el momento, según lo decretado ayer, sólo se ha dado el visto bueno para explorar la reserva asturiana.
La vicepresidenta aseguró, eso sí, que las plantas de almacenamiento de CO2 que se construyan en España «respetarán todas las normas de impacto ambiental» y garantizarán «la seguridad que ya viene dada por la propia tecnología de estos emplazamientos».
Por otra parte, el diputado nacional de IU, Gaspar Llamazares, aseguró ayer en un acto celebrado en Gijón que su formación no está conforme «con esconder la suciedad debajo de la alfombra», en alusión al proyecto para almacenar C02 en el área central asturiana anunciado por el Consejo de Ministros. Según Llamazares, se plantea «esconder la contaminación».
