El tema de la prohibición de la fiesta de los toros en Cataluña vuelve a ser noticia. Luis María Gibert, presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña ha manifestado, quizá en un alarde de bienintencionado optimismo, que cree posible el regreso de las corridas de toros a Barcelona este mismo año. Y es que, tras haberse presentado el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados las más de 500.000 firmas necesarias para respaldar la ILP taurina con el fin de proteger los toros a nivel estatal, se abre un compás de espera para que pueda llegar a ser aprobada. Según las cuentas de la propia FETC, a partir del día 5 de marzo podría entrar en la Comisión de Cultura del Congreso, y alrededor del 10 de abril pasaría al Senado. Un mes después volvería al Congreso y antes de finales de mayo podría estar aprobada. El bueno de Gibert incluso asegura que Ricardo Gallardo le regala siete toros para la reapertura de la Monumental el próximo verano, y se aventura a soñar con un cartel formado por Finito de Córdoba, Serafín Marín y José Tomás.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, Juan Manuel Albendea se muestra más cauto ya que, si bien ve factible la aprobación de la ILP, duda de que sus plazos de tramitación se desarrollen con tanta celeridad: «Es muy complicado que vuelvan los toros a Barcelona esta temporada, porque todo es más lento y más complejo de lo que a simple vista parece, ya que los trámites a seguir son tan prolijos como lentos en su tramitación. Y luego entrar en juego otros muchos factores y procedimientos».

Todo lo cual no quiere decir que haya que ser escépticos respecto al futuro de los toros en Cataluña. La razón asiste a quienes defienden la continuidad de la fiesta y la batalla es muy posible que se acabe ganando, aunque sin las prisas ni la con velocidad que algunos desean. Otra carta que se puede jugar para levantar la prohibición es la del Tribunal Constitucional, ya que una vez aprobada la ILP , se resolverá este recurso de inconstitucionalidad para revocar la prohibición de los toros en aquella Comunidad Autónoma.

Tarde lo que tarde, lo que está claro es que los toros en Cataluña no son un asunto cerrado. Algo que, en su momento, se dio por hecho cuando el 24 de septiembre de 2011 se consideró clausurada para siempre la plaza de toros de Barcelona. Al día siguiente, por todos los foros y ambientes se aseguraba que el tema no tenía vuelta atrás, y se entonó un réquiem por la fiesta de los toros en esta ciudad. Un réquiem que se antojaba definitivo, y que los profesionales del toreo parecían asumirlo como un hecho sin remisión.

Sin embargo, hace un año exactamente, desde esta misma tribuna alertábamos de que era más que prematuro dar carpetazo al tema con tanta celeridad.: «Si bien se ha dado por clausurada la plaza, alguna decisión política o judicial lo podría impedir ya que cabe la posibilidad de un recurso del Partido Popular acerca la posible inconstitucionalidad de la medida. Sin olvidar la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la fiesta» (sic).

En aquel artículo se recogían las opiniones del Catedrático de Derecho Constitucional Joan Vintró, quien afirmaba que el nudo de la cuestión consistía en determinar si la fiesta de los toros podía ser considerada como Patrimonio Cultural e Histórico de España. Para ello existían dos vías: la consecución de la ILP para declarar el toreo como Bien de Interés Cultural, o que el Gobierno así lo sancionara mediante un Decreto. Asimismo aseguraba que la prohibición vulneraba varios artículos del texto constitucional, como los 20 y 44 relativos a la libertad de expresión y creación artística, entendiendo la fiesta como un fenómeno cultural. Y, en referencia al 46, la prohibición entraría en conflicto con la obligación de los poderes públicos de proteger el patrimonio histórico y cultural de España.

También aludía a los artículos 38 y 139 sobre la libertad de empresa y la libre circulación de servicios y personas en el territorio español, así como el 93, según el cual los poderes públicos deben tener criterios de proporcionalidad en sus decisiones. En ese sentido, señalaba: «Si con la ley de la prohibición se pretende el bienestar animal, no se comprende que unos días después de la prohibición se pretendiera por parte del Parlament de Catalunya blindar y fomentar los Correbous». Y alertaba a que el Tribunal Constitucional debería acelerar al máximo su resolución ya que, en caso de llegar tarde, podría tener efectos irreversibles.

Por ello, en aquel Tendido se indicaba que la empresa Matilla debería haber anunciado el cartel de la inauguración de la temporada 2012 en Barcelona. Por si las moscas. Pero no lo hizo, si no que los taurinos se pusieron a calcular las indemnizaciones a percibir por el cierre del coso, en vez de luchar por tratar de recuperarlo. Así nos luce el pelo.