El párroco de Épila (provincia de Zaragoza), Miguel Ángel Barco, presentó ayer ante la Guardia Civil una denuncia por calumnias contra Daniel Peruga „el que fuera diácono de su parroquia„, quien le acusa de presunto acoso sexual durante el tiempo que ambos compartieron vivienda en la localidad maña.
Desde la Guardia Civil se señala que la denuncia por calumnias la presentó poco antes de las 20.30 horas del miércoles en el cuartel de Épila, en proceso de instrucción. En ella, el cura niega las acusaciones del diácono, afirma que las trasladó al que hasta hace dos semanas fue arzobispo de Zaragoza, el valenciano Manuel Ureña, y sostiene que todo obedece a una venganza porque le culpa a él de que finalmente no fuera ordenado sacerdote.
La denuncia del párroco se produce después de que trascendiera que Ureña fue obligado por la Santa Sede a renunciar al cargo por haber autorizado el pago de una indemnización de 105.000 euros al diácono. El arzobispo decidió indemnizar con 60.000 euros (más otros 45.000 por impuestos a Hacienda) al joven con la nómina de noviembre, una decisión cuestionada en algunas estamentos de la diócesis.Se trataría, según el Heraldo de Aragón, de una especie de indemnización por rescisión laboral para ayudarle a rehacer su vida tras no lograr ser sacerdote.
El albaidense Manuel Ureña anunció el pasado 12 de noviembre que el papa Francisco había aceptado su renuncia «por motivos de salud», según explicó él mismo en una rueda de prensa, en la que dijo que su sucesor sería nombrado en enero.
Por su parte, el Arzobispado de Zaragoza anunció ayer que ha iniciado investigaciones para esclarecer este supuesto caso de acoso. «El arzobispado ha iniciado las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de estos supuestos hechos y de la determinación de las responsabilidades a las que hubiera lugar», señaló la institución religiosa.
Sobre el diácono Daniel Peruga, el Arzobispado apunta que inició su vinculación con la Archidiócesis de Zaragoza el curso 2006-2007, y que ya en su condición de diácono, en los primeros días de noviembre de este año, solicitó por propia voluntad, «la pérdida del estado clerical y la dispensa de la obligación del celibato».
La Asociación de Vecinos de Épila ha pedido al Arzobispado la retirada cautelar del párroco, Miguel Ángel Barco, ante la «alarma social» existente en la población por «los posibles abusos sexuales» cometidos al diácono.
