Cuatro años después de que la Policía Nacional desmantelara la mayor red española de importación de cocaína a gran escala, con epicentro en el empresario saguntino Rafael Rubén N.C., que acaba de cumplir los 38 años, la Fiscalía antidroga de la Audiencia Nacional ha cerrado su investigación con una petición provisional de penas para los 49 procesados que suman la friolera de 881 años de cárcel y el pago de 8.436.109.309 euros en multas.

Sólo para el líder, a quien los clanes gallegos a los que supuestamente proveía conocían como Rafa el valenciano, el fiscal exige 56 años de prisión -tres penas de 18 años por tráfico de drogas y otra más de dos años por poseer sin licencia una pistola automática- y una sanción económica de 451.650.000 euros.

La Fiscalía considera a Rubén y a su mano derecha, el colombiano Fabián Gilberto P.G., los cabecillas de una poderosa trama con ramificaciones en Valencia, las Rías Baixas gallegas y Madrid y a la que en septiembre de 2009 la Udyco de Valencia, con el apoyo de otras unidades de distintos puntos del territorio nacional, confiscó más de 1.500 kilos de cocaína en dos contenedores -815 en el puerto pontevedrés de Marín y 586 en los muelles valencianos- y en los registros practicados durante las primeras 29 detenciones.

Hasta su apresamiento, a finales de septiembre de 2009, Rubén pasaba por ser un joven empresario de éxito y un fallero de pro en su ciudad natal, Sagunt, donde su detención cayó como un jarro de agua fría. Eso sí, no había pasado desapercibido su altísimo tren de vida: exclusivos deportivos, un yate valorado en tres millones de euros atracado en Murcia y una afición obsesiva por las motos náuticas. Hasta ese día, ni una sola detención.

Aún así, la policía primero, y el juez de la Audiencia Nacional y el fiscal después, lo tienen por uno de los principales narcotraficantes de cuantos han operado en territorio español en la última década.

De hecho, las intervenciones telefónicas de la policía, que la Fiscalía ha pedido que sean escuchadas en el juicio, destaparon que Rafa el valenciano estaba, al parecer, negociando la compra, a través de su lugarteniente, de un narcosubmarino manejado por control remoto que un grupo de Barcelona le había ofrecido en alquiler pero que él prefería adquirir para ahorrar costes. De hecho, uno de sus supuestos secuaces llegó a pagar, según esas grabaciones telefónicas, 3.000 euros por los planos para fabricar un batiscafo similar con el que traer grandes partidas de cocaína desde Suramérica sin tener que pagar los costosos portes, ni mantener la larga y sangrante lista de sobornos y colaboraciones para enviar cargamentos de droga desde Suramérica a las costas españolas.

Entre los detenidos, al margen de los dos cabecillas, hubo varios empresarios -entre ellos un exdiputado nacional de Alianza Popular por Cantabria-, dos guardias civiles -uno de ellos, jefe del puesto de Marín- y un abogado vigués. De los 52 procesados inicialmente, tres han fallecido en este tiempo, entre ellos el responsable del cuartel de la Guardia Civil de Marín y el diputado popular cántabro. De momento, el juicio no tiene fecha, aunque no debería demorarse mucho más.

El poderío de la organización presuntamente comandada por Rafael N.C. era bien conocido entre otros narcos. Tanto, que un delincuente común que había coincidido en la misma cárcel con el lugarteniente del saguntino, con Fabián Gilberto P.G., no tuvo mejor ocurrencia que secuestrar al hijo pequeño de éste tras engañar a su esposa, con el fin de cobrar un rescate de 5 millones de euros. Fue hace dos años escasos, en octubre de 2012, cuando el pequeño Kevin tenía 11 años. Fue maltratado y, al parecer, los vigilantes tenían orden de matarlo si algo salía mal. Los Mossos d'Esquadra abortaron los planes de los captores y los detuvieron. Todos siguen en prisión, al igual que el padre de Kevin, quien cumple una condena por tráfico de drogas de un asunto anterior. Y todos continúan en un plan especial de protección de su integridad. t. d.valencia