Siete meses después de que Julio se quitara la vida en la cárcel de Albocàsser, la Justicia le daba la razón y obligaba a Bankia a pagar cerca de 400.000 euros por las participaciones preferentes y subordinadas que le habían vendido a él y a sus padres a lo largo de varios años y que les habían conducido a la quiebra económica. Julio, que era policía local en Valencia, estaba en prisión esperando a ser juzgado por supuestamente haber intentado matar a cuchilladas al exdirector de la entidad, familiar suyo, además, que les había endosado los productos tóxicos años antes.
Tal como ha venido publicando Levante-EMV, Julio, cuya identidad completa prefieren obviar sus padres y su viuda, acudió en mayo de 2013 a casa del empleado jubilado de Bancaja, primero, y de Bankia, después, para pedirle explicaciones.
Por mediación de ese hombre, según recoge la sentencia emitida en julio del año pasado por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Valencia y dada a conocer ahora, los padres y Julio fueron adquiriendo preferentes y subordinadas en la creencia de que se trataba un depósito «sin riesgo y recuperable en cualquier momento», reza el fallo judicial. Nada más lejos de la realidad.
El policía local y sus padres llegaron a invertir hasta 371.000 euros en esos productos entre los años 2000 y 2009. La confianza era tal, que algunos de esos productos se llegaron a contratar incluso mediante meras llamadas telefónicas.
En 2012 comenzaron a aparecer las primeras informaciones sobre el engaño masivo de varias entidades bancarias a sus clientes con esos productor. Julio intentó recuperar el dinero y entonces descubrió que no podía. De nuevo, el familiar les convenció para permutar esas participaciones por acciones y la situación fue aún a peor.
En mayo de 2013, desquiciado por la situación, fue a casa del exdirector de Bankia para pedirle explicaciones. La discusión subió de tono y Julio acabó acuchillándole. La Policía Nacional lo detuvo y, tras pasar once días en el servicio de psiquiatría del Hospital Clínico, y pese al informe de la médico que lo desaconsejaba, la juez de Instrucción envió a Julio a prisión. Fue recluido en la de Albocàsser y sometido al protocolo antisuicidios. Pero alguien decidió levantar esa medida y un mes después de esa decisión, en la Nochebuena de 2013, Julio se ahorcó en su celda.
Siete meses después, en julio de 2014, la juez de Primera Instancia fallaba a favor de su viuda y de sus padres, admitiendo que habían sido engañados, que se trataba de productos de «muy alto riesgo» y cuyo funcionamiento «no conocían de forma cabal». La resolución llegó tarde para Julio.
