La trama valenciana de recetas falsas y tráfico ilegal de medicamentos, que destapó la Guardia Civil en mayo del pasado año con motivo de la llamada «Operación Pharmakon», podría acabar con penas de hasta cinco años de prisión para cada uno de los tres acusados, naturales de Enguera, quienes, según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, habrían defraudado un total de 139.000 euros al Servicio Aragonés de Salud. El fiscal solicita dicha pena de cárcel y 10.800 euros de multa por los delitos continuados de estafa y falsedad documental para una farmacéutica de Palomar de Arroyos (Teruel) y su hermana, médico pediatra en Valencia, así como para un tercer acusado que abrió una parafarmacia en Enguera, en connivencia con la primera acusada, y en la que supuestamente revendían los fármacos.
Los hechos se remontan a finales de 2011 y se prolongaron hasta el año 2014, tanto con recetas en formato papel y posteriormente con la implantación de la llamada «receta electrónica» en la Comunitat Valenciana. Según detalla el fiscal en su escrito, la trama consistía en la «inexistente prescripción médica de un fármaco previamente adquirido por la farmacéutica y cuya prescripción iba dirigida aparentemente a pacientes - en su mayoría personas reales del entorno familiar y vecinal de las acusadas». No obstante, el fármaco no iba destinado a dichos pacientes, sino que «era simplemente un instrumento para así poder remitir junto al cupón de los envases farmacéuticos dichas recetas de forma indebida y facturarlo fraudulentamente al Servicio Aragonés de Salud».
Posteriormente, «los envases sin cupón precinto adquiridos o bien se depositaban en la propia farmacia de Palomar de Arroyos, o se reaprovechaban para su venta libre en la parafarmacia de Enguera», regentada por el tercer acusado. Éste también realizaba la labor de transportarlos desde Teruel a Valencia para dispensarlos sin receta a vecinos del lugar, «cobrando así dos veces por el mismo medicamento», según explica la Fiscalía.
De esta forma se llegaron a facturar 274 recetas falsas emitidas por la médico valenciana con fecha de dispensación idéntica o del día siguiente a la prescripción. No obstante, las pruebas periciales se han centrado únicamente en 41 de estas recetas y sólo cuatro de ellas aparecen firmadas por la facultativa.
En su escrito el fiscal remarca que «si los pacientes consignados en las recetas hubiesen realmente sido usuarios o consumidores de los fármacos, habrían sido víctimas de verdaderas situaciones de contraindicación o de redundancia». Asimismo, con la implantación de la receta electrónica «la farmacéutica aprovechó datos de pacientes reales para autoexpedirse fármacos a nombre de éstos, sin su conocimiento ni consentimiento, con la única finalidad de incrementar las cantidades facturadas al Servicio Aragonés de Salud».
